En los tribunales del país buscan justicia mujeres q’eqchi’es que fueron violadas y esclavizadas, a partir de 1982, en el destacamento militar asentado en comunidad Sepur Zarco, El Estor.

Qué injusto es el lenguaje escrito, que nos permite decir en pocas líneas lo que fueron años de violaciones sexuales, por grupos de cinco a quince soldados a cada mujer, muchas veces delante de sus hijos; que fueron objeto de burlas, obligadas a comer carne de perro, a beber orines de la tropa; que les quemaron sus casas, las obligaron a cocinar, a lavar la ropa de sus violadores. Sumado a eso, a vivir un luto no resuelto en alguna ceremonia.

Qué fácil es decir que toda guerra tiene sus desmanes. Objetar que es un estándar en la historia de la humanidad, pues así lo hicieron los nazis, los africanos, los árabes, todo mundo. Pues bien, todos tienen que pagarlo. Y eso está por comenzar, aquí, en Guatemala. Justificar el delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica como hecho colateral a cualquier conflicto armado, es concluir que la vaca da leche y uno de sus derivados es el queso, por lo tanto, la ecuación es normal y no falla.

Nos han acostumbrado a mezclar las cosas, a asociar las palabras “militar”, “indígenas” o “conflicto armado” con “terrorismo” y “comunismo”. Es para que nos perdamos en discusiones de antesala, mientras que adentro de la sala se dilucida un caso de brutalidad extrema, no ideológica, ni de guerrilla. Es un caso de bestialidad. No hay planes de “destruir al Ejército”. Hay quienes aseguran que los testigos son falsos y que los militares son inocentes. Aporten sus investigaciones y evidencias. Se trata de justicia, no de arruinar vidas.

Según la fiscalía, a principios de los años 1980, varios hombres —de oficio campesinos— gestionaban en propiedad sus tierras ante el INTA. Como es sabido, en aquella época exigir derechos era suficiente motivo para que los demandantes fueran acusados de guerrilleros. El 25 de agosto de 1982, durante la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima fueron capturados y desaparecidos. En los días que siguieron, otros más fueron ejecutados extrajudicialmente. Sus esposas e hijas fueron esclavizadas dentro del destacamento. Allí las explotaron. Algunas de las sobrevivientes son las que por estos días dan sus declaraciones en el juzgado.

Fueron abusadas de una manera tan inhumana, que hasta una estrategia primitiva de guerra descartaría, pues proponía un trato digno a los enemigos. El mítico Sun Tzu recomendaba no someter a los capturados a torturas y menos delante de sus familias y poblados. Sabía que la humillación de un pueblo con dignidad podía volcarse furiosamente contra sus torturadores. También sabía que sus mismos soldados tenían esposas, hijos, eran espejo del pueblo y que la fuerza de su reacción los alcanzaría. Hoy la justicia alcanza a los violadores. Sin furia, pero con esperanza, tras 34 años de sufrimiento.

Los sindicados por este caso son el coronel Esteelmer Reyes Girón, en aquel entonces subteniente de Artillería, y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, conocido como el Canche.

En otras salas de la Corte están siendo acusados 14 militares por delitos contra la humanidad y desapariciones forzadas. Pero hace falta el diputado Edgar Justino Ovalle, fundador del partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. A este, el MP lo relaciona con el hallazgo de 523 osamentas en un destacamento en Cobán, donde participó en operativos junto a Otto Pérez. Su antejuicio está en manos de la CC.