“La corrupción es efecto, no causa”, escribe el doctor Enrique Ghersi, especialista en el análisis económico del Derecho y en el Derecho Penal. Y asevera que la clave de la reforma política es introducir mecanismos competitivos para garantizar una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública y sobre todo una distribución del poder; habida cuenta de que la tentación del poder reside en su concentración. 

Coincido con Ghersi en que hay que entender la corrupción. Cuando el Banco Mundial reveló hace unos años aquella cifra increíble que del Presupuesto General de la Nación se “perdía” el 25 por ciento en “gasto opaco”, léase corrupción, despilfarro, robo, saqueo, etc. Y que del 75 por ciento restante, la calidad de gasto dejaba mucho que desear precisamente porque se invertían los fondos públicos, no en función de calidad y coste, sino en función de incentivos perversos.

Pero se quedó corto el Banco Mundial. No calculó el coste que tiene para los empresarios, pequeños, medianos y grandes el tener que pagar al extorsionista estatal, de sus propios fondos, un porcentaje de la deuda, so pena de llevarlos a la quiebra. No están contempladas las luchas personales que cada empresario tuvo que hacer para calcular el coste entre la pérdida de su patrimonio o permitir la extorsión.

Escribe el profesor Javier Flax, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en su ensayo sobre el soborno como obstáculo institucional: “Interesante resultaba el enfoque que por entonces le daba al fenómeno de la corrupción el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, quien tomaba una célebre fórmula del especialista Robert Klitgaard y le hacía una pequeña modificación para expresarla en los siguientes términos: C = M + D – T, que significaba que “la corrupción era igual al monopolio de la decisión, más la discrecionalidad en la toma de decisiones, menos la transparencia que debería haber en las acciones de quienes tienen atribuciones para tomar esas decisiones”. Moreno Campo iba más allá y consideraba que esa fórmula era aplicable al régimen político que gobernaba por entonces, asimilando C a PH (poder hegemónico). Su perspectiva era correcta, dado que, durante el régimen menemista, había una concentración de todos los poderes del Estado y la eliminación de los órganos de control, lo cual posibilitaba un abuso de poder en sintonía con la fórmula arriba expresada.”

El “dictum aquel de Lord Acton”, “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente” nos persigue como maldición. No es legado cultural, sino producto de un sistema disfuncional. Porque de ese vientre sistémico la caterva de incentivos perversos sigue pariendo día y noche los demonios del pisto fácil y el robo descarado.

Solo una reforma constitucional profunda como la propuesta de ProReforma, que enmarca mucho más que la persecución selectiva de la justicia, puede cambiar nuestro país. Es mucho más que un cambio de rumbo, es un remplazo del sistema corrupto clientelar, por otro que propone el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público —con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal—, una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo presidente y vicepresidente a 45 años y la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo.

Cada empresario es responsable de sus actos y no se puede justificar la ilegalidad. Pero si lo que queremos es eliminar la causa y no solo perseguir los efectos, se debe cambiar el sistema.

Seguir así es un círculo vicioso.

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