La batalla contra la corrupción y la impunidad se desarrolla en por lo menos tres frentes: el político, el mediático y, claramente, el jurídico.

Acerca de los dos primeros se ha escrito bastante, sobre todo en este último tiempo cuando la mayoría de diputadas y diputados del Congreso se empeña en legislar para garantizarse impunidad; para sacar de la cárcel y evitar que continúen más investigaciones y procesos penales por financiamiento electoral ilícito; y para asegurarse la reelección, habilitando nuevamente la figura del transfuguismo.

La atención que se le ha dado a las acciones de la mayoría legislativa —empeñada además en promover una agenda regresiva y antiderechos— ha hecho que los señores y señoras de la impunidad, que continúan atrincherados en el sistema de justicia, avancen en su ataque contra las y los jueces independientes.

En el último tiempo, hemos visto con preocupación cómo se están utilizando e instrumentalizando los mecanismos de supervisión al interno del Organismo Judicial para hostigar a juezas y jueces que están realizando bien su trabajo y que se han negado a aceptar las presiones -internas y externas para fallar de determinada manera en casos de alto impacto.

A las constantes “visitas” de la supervisión de tribunales, que tienen dedicatoria porque nunca se dan en las salas de apelaciones o en los juzgados que una y otra vez benefician con sus fallos a los implicados en casos por corrupción, hay que sumar los constantes ataques vía la presentación de antejuicios y amparos y los obstáculos para que realicen su trabajo las y los jueces incorruptibles.

Les doy solamente algunos ejemplos: el sabotaje a los equipos de sonido en las salas donde se realizan las audiencias; el nombramiento de personal no idóneo para entorpecer el trabajo de las judicaturas, e incluso las misteriosas “pérdidas” de las llaves de las salas asignadas para realizar una diligencia judicial que terminan por atrasarla o suspenderla, motivo por el cual después se acusa a las y los jueces de obstrucción de la justicia e incumplimiento de deberes.

Sí, esas son las burdas estrategias que se están utilizando y que no buscan sino separar de los casos de alto impacto a jueces probos de reconocida honorabilidad que no se prestan a presiones para dictar fallos a la medida. Por si fuera poco, también está el recurso de las denuncias ante el tribunal de “honor” del Colegio de Abogados como plan B para sacudirse a esos molestos juzgadores/as que obstruyen la vía expedita de la impunidad.

No es casualidad que juezas y jueces como Erika Aifán Dávila, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Giovanni Ruano o Pablo Xitumul estén en la mira del bloque proimpunidad y bajo constante hostigamiento. Tienen un denominador común: son independientes, valientes y no tienen precio, y eso en este país se paga caro.

La independencia judicial no es una prerrogativa de las y los jueces, es un derecho y una garantía ciudadana. Nadie quiere —en caso tenga que enfrentar la justicia— que le toque un juez que se puede corromper, sino un juzgador independiente que no se deje presionar para dejar libres a los culpables y encerrar a los inocentes.

Nadie, salvo las redes criminales y los grupos de poder político y económico que ven cómo la independencia y la imparcialidad de juezas y jueces honestos los tienen hoy enfrentando la justicia. Estos ataques contra jueces y magistrados/as independientes (qué también los hay) revisten de una enorme gravedad, si tienen éxito digámosle adiós por muchos años al derecho a la justicia.