Detrás de cada propuesta, en cada cifra incluida en los sendos volúmenes de números y métricas del Presupuesto General de la Nación se esconde, agazapada y al acecho, esa palabra, incómoda, hiriente, lacerante, políticamente incorrecta y molesta para todos: corrupción.

Tratan de doblar la página. Hacen tachones de todo tipo para no tener que encararla, pero continúa ahí, prendida como garrapata, tratando de seguir chupando la sangre y la savia de ese armatoste obsoleto, ineficiente y corrupto llamado “gasto público”.

Todos detestamos la palabrita, usuarios y denunciantes. Todos la detestamos por diferentes razones. Los primeros, porque los retrata de cuerpo entero y les da “color”. Los delata. Los saca de las sombras, colocándolos bajo la luz del escrutinio público.

Y a los segundos, los denunciantes —el pueblo que hoy apunta con dedo acusador—, porque su sola presencia en el gasto público nos ofende a nivel de bofetada e insulto. Porque siendo culpable de robarse descaradamente el 25% del total del Presupuesto General de la Nación, vía las ejecuciones de cada ministerio, afecta directamente a los más necesitados. Porque cada medicina robada y no entregada a los enfermos; cada trinquete bajo la mesa aumentando el valor de un producto; cada 20% cobrado para “otorgar” los contratos, y cada 10% para pagar a los proveedores, son recursos que al final del día aumentan los costos y pintan de colores tragicómicos la sola mención de hacerle cambios a la carga fiscal. Y entonces, la palabrita “esa” sale a relucir nuevamente haciendo que la discusión de bajar o subir el Presupuesto de la Nación suene tan impertinente e inoportuno como el estruendo de un petardo estallando en misa solemne.

Persecución implacable, contra la corrupción, ladrones y corruptos es la única vía para transparentar la opacidad del gasto público. Hay contratos, pactos colectivos y compromisos que deben declararse lesivos para el Estado. Deben asignarse los recursos atendiendo criterios de prioridad en el gasto. ¿Qué viene primero? ¿Pactos colectivos? ¿O medicinas y gastos de operación del sistema hospitalario?

En tanto no se profesionalice el servicio civil en Guatemala y no se apruebe la Ley de Servicio Civil, la mayoría de servicios deben subcontratarse con terceros. No son pocos los expertos que señalan la necesidad de frenar la corrupción y los incentivos perversos por la vía de la subcontratación de productos y servicios. El trámite de licencias y pasaportes funciona eficientemente porque es outsourcing. El Intecap y el Irtra funcionan porque no los maneja el Estado. ¿Mejoraría la alimentación de los hospitales, el mantenimiento de carreteras; el mantenimiento del parque vehicular estatal si lo efectuase un ente externo? Por supuesto, y a una fracción del costo. ¿Qué pasaría si todos los autopatrullas de la Policía Nacional Civil se adquirieran bajo un sistema de leasing, con servicio de mantenimiento incluido? ¿Se ahorraría? Sería más eficiente? Por supuesto.

¿Qué pasaría si todas las obras públicas fuesen auditadas por un ente internacional competente para verificar calidades, costos y tiempos? Se ahorrarían cientos de millones. La infraestructura pública sería de primera y el país se beneficiaría.

Nada que haga el Estado actualmente tiene credibilidad. Todo está cuestionado. Es una lástima, porque deberíamos tener un Estado fuerte, eficiente y efectivo.

Es hora de subcontratar para que no se sigan robando la cuarta parte del Presupuesto.

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