Parecería contumaz insistir en la urgencia de que los diversos sectores sociales manifiesten a la mayor brevedad posible su posición respecto de los señalamientos presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en relación con el casi increíble pillaje sufrido por el Estado guatemalteco, perpetrado por el Partido Patriota, sus cabecillas Pérez Molina y Baldetti Elías, así como sus compinches-dirigentes.

Contumacia es la dureza en mantener un error; es terquedad, obstinación u obcecación. Nada de eso se aplica al hecho de pedir que la sociedad se manifieste. Esto no solo se refiere a la corrupción pura y dura, sino también debe abarcar todas aquellas acciones cuyos efectos han contribuido a facilitar la burla de la ley y el desconocimiento de hechos ilegales, pero sobre todo de una innegable inmoralidad tanto política como económica y social.

Es especialmente peligroso el manipuleo, la instrumentalización y los negocios corruptos efectuados a través de medios de comunicación, en especial de los audiovisuales y de aquellos que dependen de autorizaciones estatales para funcionar, como es el caso de los canales 3, 7, 11 y 13, controlados por el mexicano Ángel Remigio González. Es importante hacer notar que en Estados Unidos es delito que, fuera de sus fronteras, empresas locales negocien comercialmente en términos que constituyen delito en ese país. Esto se refiere, sobre todo, a lo comercial, pero puede tener aplicación en lo concerniente a contubernios políticos, por ello necesariamente nefastos.

Es innegable la importancia y el efecto positivo de las expresiones de entidades analistas de la realidad nacional para que se haya logrado el actual ambiente en cuanto a cambios fundamentales sobre cómo hacer gobierno y cómo debe ser la relación con la sociedad civil. Por afectar estos abusos a todos los guatemaltecos, esos sectores tienen razones y obligación de manifestarse, a fin de no entrar en la banda de los cómplices, o de los despreocupados de asuntos que afectan las bases de la sociedad, aunque esto no sea fácil de comprender por muchas personas y haya sido parte de la realidad política nacional durante muchos años.

Serán valiosos los criterios expresados por la iniciativa privada, las asociaciones de índole académico, sin distinción de ideologías; las universidades, en su calidad de viveros de la educación superior; las entidades religiosas, por el factor ético y moral incluido; los sindicatos, por los efectos en la realidad laboral, y también los ciudadanos de a pie, por ser en última instancia las verdaderas víctimas de esta vorágine cuyo efecto de cambios fundamentales es esperado y exigido por la mayoría.

Lo denunciado por el MP y la Cicig constituye un punto de partida, con bases claras, de un cambio desde adentro, de una revolución evolutiva que debe ser realizada en el menor tiempo posible. La mayor diferencia es que por primera vez se da un golpe directo a la variada red de intereses de quienes por años llegaron a convencerse de tener una intocabilidad sostenida en columnas de paja, fácilmente incendiables con la simple decisión de acercarles el fuego de la ley aplicada con valentía, basada en la simpleza de su validez.