La petición multitudinaria para que el presidente de la República renuncie no ha tenido el efecto que los peticionarios desean. La muy solicitada suspensión de las elecciones tampoco ha sido acogida por las autoridades. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, encuentran una resistencia muy fuerte en los bloques legislativos mayoritarios; y los antejuicios famosos probablemente terminen favoreciendo a los acusados, por muy violadores de la ley que parezcan.

En otras palabras, el entusiasmo de millones de guatemaltecos que surgió en abril pasado está detenido en un barrizal de donde no podrá salir a menos que la resistencia del poder político corrupto sea derrotado por una revolución ética que, necesario es decirlo, nunca triunfa en este país donde la población aguanta casi todo, hasta el martirio.

Por el contrario, los engranajes del negocio político sucio siguen siendo aceitados con grandes concesiones del territorio nacional a inversionistas extranjeros, tierra que es sustraída por largos períodos a la soberanía nacional y cada día que pasa estallan nuevos escándalos que involucran a funcionarios y empleados públicos.

Para mayor abundancia de esto, ha quedado demostrado el hecho de que el sistema de partidos políticos está muy debilitado y no cumple con sus funciones específicas.

Delincuentes confesos, convictos y no arrepentidos, recorren el país pronunciando discursos proselitistas en nombre de Dios y echando bendiciones como si fuesen los grandes sacerdotes de la dignidad nacional.

El origen, por una parte, de esta distorsión de los ideales y deberes políticos, enturbiados por una moralmente pobre conducta individual y partidista, radica en la falta de ideologías definidas que hagan imposible el desmoronamiento ético que se observa en los procesos electorales guatemaltecos. Por la otra, en la debilidad en el uso del poder sancionatorio del Estado que se canaliza en sentencias judiciales, no siempre respetables, que contribuyen a la impunidad política, pues todo delincuente impune siempre retorna a la escena de sus crímenes, a sabiendas de que el brazo débil de la justicia no lo alcanzará.

Pero, en medio de toda la desgracia nacional que se identifica por la corrupción y el cinismo, este año la población ha tocado las puertas del gran cambio y dado a políticos, funcionarios, dignatarios y líderes en el Gobierno y la oposición, una oportunidad de oro para promover una transformación pacífica en las instituciones y en quienes les dan el toque humano necesario para su funcionamiento, de iniciar una era en la que todo ayude al progreso económico y social de la población. Un progreso equitativo que induzca a los electores, y a los que ven las elecciones desde lejos, a considerar que los organismos del Estado trabajan en las cuestiones que en verdad interesan a la población guatemalteca y que no escaparán al control de los ciudadanos y ciudadanas cuando no cumplan con sus deberes o se aparten del camino de la legalidad, como acontece actualmente en muchos casos, más numerosos de lo que se suponía.

Pienso en tiempos mejores en los que las instituciones y los funcionarios sean, en verdad, transparentes; que entiendan como una obligación, sin necesidad de requerimientos populares y masivos, rendir cuentas públicas de su patrimonio y de las variaciones que este experimenta y de que, en verdad, libran una batalla total contra la inmoralidad y la delincuencia que puedan desarrollarse en todos los puestos, hasta en el menos importante y remunerado de los organismos del Estado.

Guatemala necesita un cambio real y no de uno del diente al labio.