Después de más de dos años perdidos, en los que lamentamos la muerte de cuatro periodistas y el incremento de agresiones, vemos con optimismo que alcanzaremos el objetivo por el que hemos luchado todo este tiempo: que el Estado cumpla con la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación a adoptar un mecanismo de protección a periodistas.

Encontramos eco tanto en la Secretaría de la Presidencia, que ha escuchado nuestros argumentos, como en el procurador de los Derechos Humanos, que explícitamente nos ha respaldado e, incluso, en Unesco, que comunicó oficialmente al Gobierno que reconoce que somos actores legitimados para aportar en la discusión de algo que nos atañe directamente.

Reconocemos la actitud del licenciado Acisclo Valladares, responsable del impulso del Plan de la Alianza por la Prosperidad, en donde está contemplada como requisito la seguridad para periodistas, y esperamos que el presidente tome decisiones para atenuar los riesgos que enfrentamos. Recientemente, le expresamos al relator de la OEA nuestra oposición a un proceso que no llena los estándares internacionales.

A principios de año, la Mesa Técnica, integrada por entidades estatales y observadores internacionales, entregó, en privado, al secretario de Comunicación Social de la Presidencia un documento, desconocido para las entidades de Prensa nacionales y departamentales, periodistas, medios de comunicación y entes especializados en el tema libertad de expresión.

El funcionario, en una audiencia que concedió a la alianza de asociaciones nacionales y departamentales de periodistas, ofreció suspender las reuniones de la Mesa, mientras se analizaba el contenido de la sistematización de la propuesta sobre un sistema de protección al ejercicio periodístico.

Hemos analizado el material y encontramos que no es una propuesta formal, sino un informe de consultoría; tiene una formulación poco seria, desorden en la redacción, falta de método para la presentación, ausencia de un punto de partida del estado de la situación de libertad de expresión, información inexacta, invasión de competencias de las estructuras del Estado, pretensión de crear una megaestructura que hará inoperante la protección, falta de legitimidad y confianza.

El proceso excluyó a los principales actores: los periodistas, sus gremios legalmente reconocidos, los medios de comunicación y entidades expertas en el tema. Y, por el contrario, en la introducción del documento habla de un trabajo coordinado entre instituciones gubernamentales y sociedad civil, a las que arbitrariamente les asigna el papel de portavoces de la libertad de expresión y la seguridad de quienes realizan el ejercicio periodístico.

Según expertos en la materia, para que un programa de esta naturaleza tenga éxito se requieren dos elementos: que participen los periodistas y que haya confianza. Ninguno existió.

Para las 17 entidades aliadas, la inseguridad que enfrenta el gremio es la principal motivación para insistir en nuestra participación. Reiteramos que no aceptamos que se suplanten los liderazgos gremiales, que deben considerarse algunos mecanismos ya existentes, que es necesario escuchar a los interesados y que la participación de Unesco, como la entidad mandatada por la ONU en el tema de seguridad para periodistas, es bienvenida, como acompañante del proceso, no en sustitución de los sujetos de derechos por proteger.

Tenemos 55 objeciones al documento, por lo que lo consideramos incoherente, inviable e ilegítimo. Presentaremos nuestra propuesta de relanzamiento a la brevedad y esperamos que el Gobierno asuma un compromiso público respecto del trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, y en acatamiento a las libertades contempladas en la Constitución Política y los convenios internacionales en la materia.

iliaalamilla@gmail.com