Un grupo de profesionales de diversas instancias públicas, privadas, internacionales, agencias de cooperación, varias ONG, comunidades rurales y municipalidades están impulsando y haciendo incidencia para que la Ley de Fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala (Probosque) sea aprobada de urgencia nacional.

Esta ley debe dar continuidad y mejora a la que dio origen al Plan de Incentivos Forestales (Pinfor), instrumento exitoso y de credibilidad para contribuir a la reforestación del país, otorgando un pago en efectivo por medio del Ministerio de Finanzas a los propietarios de tierras de vocación forestal por ejecutar proyectos de reforestación o de manejo de bosques naturales, conforme un plan de manejo aprobado y supervisado por el Instituto Nacional de Bosques (Inab), ley que caduca en diciembre del 2016. El Pinfor en 17 años ha logrado reforestar más de 126 mil hectáreas de bosque, y más de 251 mil hectáreas están bajo manejo forestal. Además ha inyectado más de Q1 mil 700 millones a la economía rural. Aunque los beneficios son evidentes se ha externado una fuerte crítica, ya que el Pinfor ha beneficiado especialmente a empresas y propietarios individuales, aunque también a cooperativas, municipalidades, asociaciones, comités, comunidades y fundaciones que certifican la propiedad de sus tierras.

La nueva ley incluirá, además de propietarios, a poseedores de tierras mayores de 15 hectáreas, y se está planteando que dure 30 años en lugar de los 20 años del primer plan, lo que permitirá extender la vida a los proyectos que tengan pendiente su ciclo técnico dentro de los 20 años. Además de las plantaciones, regeneración y bosque natural planteadas por Pinfor, con Probosque se incluyen sistemas agroforestales y restauración del paisaje forestal, abriendo las puertas a los arreglos locales de pago por servicios ambientales. Delega en el Inab la representación ante mercados internacionales para negociar créditos por reducción de emisiones de CO2. También define mecanismos financieros y de asistencia técnica complementaria (Fonabosque), e identifica otras fuentes de recursos financieros.

Datos del INAB, y según el mapa de cobertura forestal del 2010, Guatemala contaba con 3.5 millones de hectáreas de bosques. Esta área boscosa se encuentra bajo una alta presión poblacional que ha generado una tasa de deforestación de 1.4% anual desde los años de 1990. El incremento esperado bajo programas de incentivos, estimado en 36 mil hectáreas anuales permitiría a largo plazo recuperar esta cobertura perdida en forma significativa.

El Congreso de la República debe programar la aprobación de esta ley, si quiere heredar al país una legislación que realmente contribuya a la minimización de los efectos del cambio climático. Hacerlo de urgencia nacional sería una acertada propuesta, ya que también contribuirá a la economía en el área rural, al incluir otro tipo de beneficiarios, al generar también fuentes de empleo en el interior de la república y abastecimiento de madera legal para la industria. Instamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos a que haga incidencia para que esta iniciativa sea discutida y aprobada en el pleno.

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