Ha sido notoria la coordinación y articulación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, avances en la especialización del recurso humano, implementación de tecnología que da como resultado visible la desarticulación de estructuras criminales, y con ello lograr una disminución en homicidios, se elevaron las capturas y condenas en el Sistema de Justicia. Se logró dar una mínima percepción de seguridad en algunas de las áreas rojas de la capital con la presencia de las fuerzas de tareas y articular acciones de prevención a nivel de Ministerios claves como el de Salud y Educación, avances muy significativos en la articulación institucional y acciones concretas para el combate de las estructuras de Trata de Personas. Sin embargo, existieron grandes distractores que no permitieron avanzar más, como la conflictividad surgida a raíz de las demandas sociales no resueltas, que implicó movilizar a las fuerzas de seguridad, en lugar de movilizar esfuerzos para encontrar soluciones vía el diálogo y la negociación. Sin lugar a dudas, se deben evaluar los resultados obtenidos, las acciones emprendidas, fortalecer lo que esté bien, y replantear lo que no dio resultado. Porque al final las cifras nos indican el camino, y son muchos hogares enlutados, ya sea por la muerte o la desaparición de un ser querido, y aún tenemos territorios bajo control de estructuras criminales que operan con toda libertad. El reto es devolver la tranquilidad a los ciudadanos, los desafíos son muchos en una sociedad convulsionada por una serie de demandas sociales justas versus intereses particulares o de grupo, el posicionamiento del narcotráfico cada vez más patente y la posibilidad de una campaña electoral temprana. Ante esta realidad no queda más que redoblar esfuerzos para avanzar y consolidar procesos como la reforma policial y la creación de la Dirección General de Investigación Criminal, dinamizar el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación establecido en el Pacto y presentar los resultados alcanzados. Si bien es cierto, las cifras aún no son alentadoras, es de reconocer que los esfuerzos de todos, tanto de autoridades como de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, repercutieron en positivo, se incrementaron las denuncias, investigaciones, capturas y sentencias, pero no es suficiente, Guatemala aún se desangra y no podemos cantar victoria hasta que tengamos cero casos en la impunidad.