Chile parece estar muy lejos, pero los recientes sucesos alrededor del escándalo de la financiación ilegal de varios partidos políticos —en especial la Unión Demócrata Independiente (UDI), en donde se agrupa una gran parte de la derecha chilena— podrían provocar un oleaje en toda la región latinoamericana, sobre todo en países cuyas permisivas leyes electorales y de partidos políticos han blindado a esas organizaciones contra la fiscalización de sus recursos de campaña.

La trama es peliculesca y los involucrados, personajes de la alta política y empresarios dueños de algunas de las mayores fortunas del continente, ha golpeado fuerte en una nación cuya transparencia y, por lo tanto, su alto nivel de fiscalización de sus finanzas y su sistema impositivo, parecía intachable. Los medios, entretanto, se han regodeado con las imágenes de los conspicuos hombres de negocios caminando hacia la prisión de alta seguridad a la espera de ser juzgados por diversos delitos, entre ellos evasión de impuestos, fraude al fisco y otros que podrían llevar a los seis imputados a pagar sentencias de hasta 15 años.

Uno de los puntos relevantes en este caso ha sido la complejidad de las operaciones mediante las cuales se falsificaban recibos, se simulaban pérdidas, se canalizaban enormes sumas de dinero hacia funcionarios y candidatos al parlamento y una serie de movimientos financieros cuya finalidad aparente era consolidar a los grupos de derecha para asegurar iniciativas legislativas que les favorecieran. Pero, ¿de qué extrañarse en este otro extremo del continente? ¿Acaso no es así como opera la política?

Cuando la opinión pública chilena se sorprende de la dimensión del fraude y la absoluta impunidad que lo ha rodeado hasta que se destapó el escándalo, debe echar una mirada al Servicio Electoral y preguntarse por qué la máxima institución fiscalizadora del financiamiento de los partidos carece de los medios para cumplir con su objetivo primordial. También en otras latitudes es preciso hacerse muchas preguntas, porque ellas podrían arrojar luces sobre uno de los mayores peligros para la institucionalidad de los países democráticos, que son los dineros ilegales entrando a chorros en las arcas de las organizaciones políticas.

Guatemala está a las puertas de las elecciones en las cuales se definirá su futuro para los próximos cuatro años. Un proceso rodeado de más dudas que certezas, más temores que esperanzas y cuya perspectiva es bastante opaca. En el país más vulnerable del continente a las infiltraciones del crimen organizado en todas sus estructuras y cuyos indicadores sociales fundamentales —como desnutrición crónica y violencia— son los peores de América Latina, la estricta fiscalización de los fondos para campañas electorales es de una importancia vital para resguardar la integridad de la democracia y una paz que aún no ha podido cimentarse del todo.

Si en Chile el proceso contra los corruptos logra avanzar a pesar del poder económico de los involucrados, sería una importantísima victoria para la justicia de ese país y sentaría un precedente histórico de la solidez de sus instituciones, ejemplo para toda nuestra América.

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