Ya que se inmiscuye en intereses públicos, por qué no habríamos de solicitarle atentamente al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que se devuelva hacia sus asuntos internos. Esta es una invitación a que desaloje el paso.

Para empezar, la economía del país puede continuar perfectamente sin el Cacif. Es un mito que sin ellos esto se cae. Es falso que debamos someternos y guardar silencio en aras de que mantenga los empleos. Ya se sabe, el miedo vende la enfermedad y la cura. Los empresarios inteligentes sabrán advertir que no se trata de desacreditar sus inversiones sino de reubicar a quien tan mal les representa.

Es mal visto, además de sospechoso, que el Cacif haya solicitado al jefe de la SAT, Francisco Solórzano, “bajar intensidad a la persecución penal”. En estos tiempos, cuando existe probada lucha emprendida por la Cicig y el MP contra la corrupción, cuando hay esfuerzos por devolver la credibilidad al sistema de justicia, en lugar de pedir esa penosa, vergonzante disminución de “intensidad a la persecución penal”, el Cacif debe someterse sin condiciones a los esfuerzos anticorrupción. Sin condiciones.

La cohesión gremial es un derecho que no otorga el privilegio de interferir en asuntos que a todos nos atañen. Al hacerlo, el Cacif no se diferencia en nada de los sindicatos, que en su mayoría deben ser replanteados o desaparecer. Ambos no representan a la mayoría, ni como entidad patronal, trabajadora ni ciudadana. Se encuentran en su fase degenerativa, no asumida, aferrándose al control.

Hoy día, se pide la reforma judicial, electoral, la anulación de pactos colectivos abusivos; por qué no sugerir una reformulación de ese comité empresarial que fue diseñado con fines específicos, en una época de desestabilización social surgida por obra de la contrarrevolución.

Siempre es bueno dar un vistazo a las circunstancias en las que se agrupó. Recomiendo una lectura breve, pero abarcadora: “Problemas de la contrarrevolución y la democracia en Guatemala”, de Edelberto Torres-Rivas. El sociólogo describe el contexto cuando el poder militar sirvió como protector del estado y del empresariado que no supo qué hacer con las luchas de poder emergentes.

En la actualidad, aquel ejército que tuteló al gremio empresarial representado en el Cacif se tornó empresario militar, alto funcionario, encima, corrupto. El abandono del esclavo para construir su propio negocio dejó inhabilitado al amo. El Cacif no sabe cómo reaccionar ante ese fenómeno. Tampoco sabe qué hacer con los políticos que engordó durante décadas y ahora lo marginan; ni frente al nuevo “estilo” de corrupción litigante maliciosa que crea nuevos ricos con los pedazos de otros.

Pese a que no tienen representatividad social, ese comité y Fundesa “se opusieron” a propuestas de paridad, alternancia e inclusión en la LEEP. ¿Quiénes son para decidir sobre una nación? El Cacif ha pretendido incidir en los procesos judiciales —qué otro objetivo tiene un campo pagado— como cuando se pronunció negando el genocidio o al pedir el “debido proceso” para algunos de sus agremiados. Sus intervenciones registran frecuencias discursivas obsoletas, equivalentes a los despropósitos sindicales egoístas cuando van arengando al ritmo de Los Guaraguao. Son lo mismo, de uno a otro extremo. Ese comité y los sindicatos están fuera de los intereses mayoritarios. El gobierno trata de complacerlos. Al centro está la población, a ratos cansada, harta, casi siempre antagónica consigo misma. Es lo que han logrado. Con todo, nuestra voluntad no les pertenece.

@juanlemus9