Los valores éticos, morales y cívicos que una vez se asumieron indispensables en los funcionarios públicos, pues representaban un patrón de comportamiento para la vida en sociedad, dejaron de existir y fueron sustituidos por el dinero, venga de donde venga. Eso sucede en los cuatro continentes de donde a diario nos llegan noticias de actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y, por supuesto, también ocurre aquí. En otras palabras, mal de muchos consuelo de tontos.

Las estructuras de control y justicia en países desarrollados actúan de oficio, en tanto en Guatemala hemos caído tan bajo y la corrupción se ha extendido tanto, que la administración pública fue copada por las mafias que actúan a su aire. La consecuente ingobernabilidad condujo a solicitar a la Organización de Naciones Unidas su apoyo; de ahí la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU del 2006, ratificado por el Congreso de la República en el 2007, vigente desde entonces.

La Comisión es independiente política, administrativa y financieramente. Entre sus objetivos están: 1. investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. 2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes, y 3. Recomendar al Estado de Guatemala la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

La semana pasada, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, la Comisión desarticuló y capturó a miembros de una red de contrabandistas y defraudadores fiscales dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Para que semejantes pandillas funcionen es necesaria la participación de al menos tres componentes: 1. Autoridad que elige a los funcionarios, 2. Funcionarios y cuadros medios y 3. Beneficiarios. En esta oportunidad, la operación fue dirigida al grupo intermedio. De ese positivo trabajo deberán desprenderse otras acciones encaminadas a cerrar el círculo vicioso.

Por lo pronto, la opinión pública exige la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, aunque debería también pedir a las instituciones cumplir con su función: Contraloría General de Cuentas, entre otras. El tercer grupo, los beneficiados, cuyos nombres deben constar en los documentos de trámite y pago que permitieron que sus mercaderías salieran de las aduanas, podría denunciar el acoso.

Mientras tanto, ¿quién se hace cargo de nuestra despilfarrada reserva moral?

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