Durante 11 años hemos tenido a la Cicig en Guatemala tratando de combatir la corrupción y la impunidad. Este columnista ha escrito a lo largo de esa década y pico muchas columnas. En ellas se puede seguir un interesante hilo histórico a través de las diversas fases de la Cicig, sus comisionados, sus desafíos, sus derrotas.
 

Se evidencia, desde un principio, cuán comprometidos estábamos en apoyar este experimento inédito en el mundo, de tener una comisión con muchos poderes y grandes recursos económicos penetrando las entrañas de este país tan complejo, medio ingobernable, medio fallido, con estructuras paralelas operando libremente por ese virus estructural sistémico que cohabita en todo el cuerpo gubernamental.

Hoy, todos los guatemaltecos por unanimidad votaríamos porque una nueva y reformada comisión contra la impunidad se encargase de todo aquello que apesta a corrupción, a redes de contrabandistas, a funcionarios públicos con una telaraña de operadores de cuerpos paralelos funcionando a todo nivel para esquilmar las arcas públicas.

Pero después de más de una década, y en términos de impacto neto, el fruto es escaso y la cosecha pobre. El problema han sido sus cabezas. Se metieron a politiquear y se aliaron con los grupos de derechos humanos —sea porque era políticamente correcto hacerlo o por afinidad ideológica— cuando la cuestión esencial, el objetivo principal, la razón de ser de la Cicig, era desarticular las redes de delincuentes y cuerpos paralelos, transmitir capacidades y competencias al Ministerio Público, y lo más importante: promover las políticas públicas necesarias para eliminar los problemas sistémicos que hacen posible la corrupción, controlando, por la vía de la supervisión de compras y contrataciones, el gasto del Presupuesto General de la Nación y el diseño burocrático para eliminar el poder discrecional de los funcionarios públicos.

Es ahí, en ese caldo de cultivo, donde se generan los incentivos perversos de TODA la corrupción y la impunidad de Guatemala, que, según rigurosas mediciones del Banco Mundial, más del “30 por ciento de los ingresos de la nación” se desfogan hacia el hoyo negro de la corrupción.

Es un misterio cósmico, un secreto esotérico, la razón por la cual la Cicig y sus adalides “NUNCA promovieron esas políticas públicas absolutamente esenciales para atacar la raíz de la corrupción, que además de prevenir la corrupción elimina el incentivo perverso de atraer a los politiqueros para “invertir” en sus candidatos.

Algunos analistas insisten en que este delito electoral es la mayor causa de la corrupción, obviando que el atractivo principal de su interés es el PISTO y que una vez eliminado, la clase politiquera tradicional no tendrá  interés en participar, abriéndole la oportunidad a una nueva clase política de jóvenes, idealistas, comprometidos con su país.

Esos eran los cambios estructurales y sistémicos de largo plazo que se esperaban de  Cicig. Lamentablemente, no ocurrió. Cierto, tuvieron  aciertos y algunos pillos guardan prisión, pero ese es un resultado muy magro comparado con las expectativas del cuadro  de largo plazo.

Al margen de los errores de Velásquez cuando echó por la borda la oportunidad de mantener una relación cordial y de cooperación positiva con el presidente Morales, iniciándole procesos penales contra el hijo y el hermano —que hubiese podido manejar discretamente—, el allanamiento de la Casa Presidencial fue un error épico que marcó la hoja de ruta que caracterizaría su relación con el presidente. El non grato se lo ganó a errores que quedarán  en su hoja de vida.

Y por último, la relación con el secretario  de ONU y su grosera manera de conducir los reclamos de Guatemala en relación con el comisionado, llegando al colmo de declarar que la Cicig no era parte de la ONU. ¿? La Cancillería tiene   resumen de las tácticas dilatorias y el irrespeto al presidente.

Combatir la corrupción es un deber. Con quién y cómo hacerlo, el desafío.