Durante su período gubernamental, Panamá alcanzó el mayor crecimiento económico de América Latina y en la capital las empresas constructoras competían por ver quién hacía el rascacielos más lujoso y rentable. Para el 2014, el producto Interno Bruto creció en 6.2%.

En septiembre del año pasado, el diario La Estrella de Panamá se preguntaba: “¿Cómo puede Panamá ser el país de mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe, si en el primer semestre —del 2014— las exportaciones de bienes de la nación crecieron apenas 0.1%, la producción agropecuaria continuó deteriorándose, se tuvieron que tomar medidas de ahorro energético, cayendo la producción de energía hidráulica y térmica; y el tránsito de naves por el Canal disminuyó en los primeros seis meses del año? La respuesta está en que ese crecimiento se debió a la inyección de la inversión directa extranjera. Diversas compañías foráneas se mantuvieron comprando empresas panameñas, con lo que influyeron en el crecimiento de las áreas bancarias, industriales y comerciales. Sin embargo, el ciudadano común y corriente casi no percibió mejora en su calidad de vida.

Pero el desarrollo también trajo acusaciones contra la administración de Martinelli. Su gestión se vio empañada por señalamientos de sobrecostos y pago de sobornos en obras públicas, además de denuncias de espionaje contra la oposición política. En las elecciones del año pasado triunfó Juan Carlos Varela, a quien Martinelli había destituido como vicepresidente y quien se había convertido en su enemigo jurado. Tras ese cambio de gobierno arreciaron las denuncias contra el exmandatario.

El nuevo régimen denunció a una veintena de funcionarios de la administración anterior, por supuestas irregularidades. Entre los señalamientos se habla de malversación y desvío millonario de dólares, además de la suscripción de contratos para la adquisición de infraestructura con sobreprecio.

Entre los denunciados están dos exdirectores del Programa Nacional de Ayuda, Rafael Guardia y Giacomo Bamburrelli. A ellos se añaden los exministros Lucy Molinar,  de Educación, y  Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social. Guardia está preso y las autoridades le congelaron unos US$18 millones en cuentas bancarias y bienes suntuarios. A este exfuncionario se le acusa de irregularidades en el manejo de US$750 millones de fondos del programa que dirigía.

Frente a esos señalamientos, Martinelli buscó la inmunidad que le proporciona el Parlacén, pese a que en el 2009 lo señaló de ser un feudo de impunidad. En ese entonces, el ahora expresidente dijo que ese organismo regional “es un lugar únicamente para una gran cantidad de gente loser —perdedora— que se quedan a parrandear, a chupar con inmunidad”.  Cinco años después  busca el ala de ese organismo para escapar de las autoridades panameñas, que lo señalan de corrupción.