Desde que Renap fue creado, hace una década, se ha debatido sobre su rol en el exterior y los documentos de identidad necesarios para un guatemateco que reside afuera del país.

Mediáticamente, ha destacado la discusión sobre si es necesario el DPI en el extranjero. De hecho, el discurso del Minex había sido hasta días recientes que el único documento necesario en el extranjero es el pasaporte, por ser el único con validez internacional. Personalmente me separo de ese criterio, pues aunque puede ser cierto, el pasaporte es un documento de segunda generación, solo asequible a aquellos que portan los de primera generación, que son los que acreditan la existencia jurídica del individuo y su calidad de ciudadano.

Firmar un acuerdo interinstitucional que lleve el DPI al extranjero era una deuda pendiente del Estado con sus nacionales en el exterior, y en este esfuerzo merece especial aplauso la labor del canciller Morales, quien tomó por bandera reducir el precio a $15. Ahora queda abordar las anomalías de identidad que surgen con las causas de migración. De lo contrario, correrá riesgo el éxito del programa.

Nuestras amplias poblaciones migrantes no optaron voluntariamente por buscar oportunidades en otras latitudes. Al irse, no siempre se prepararon adecuadamente. Más bien, acorraladas por sus realidades, sobrevivieron donde encontraron trabajo y estabilidad social. Comúnmente están alejadas de nuestras realidades e imposiciones legislativas. Esa migración forzada tiene como parte toral la debilidad registral y confusiones graves en la identidad de sus sujetos.

Documentar migrantes será más complejo que ofrecerles un DPI, que no es más que la culminación de un proceso exitoso de documentación ciudadana. Quienes en 2012 presenciamos el calvario que para muchos significó obtener esa tarjeta y que además fuera impresa sin errores, podremos dimensionar el reto de documentar a poblaciones alejadas, que en su mayoría provienen de áreas rurales donde los registros incluso fueron destruidos.

El programa del DPI en EE. UU. ya tiene antecedentes. Entre 2012 y 2013 se realizaron programas “piloto” que visitaron 7 ciudades, y recibieron 6 mil solicitudes. Sin exageración, el resultado fue desastroso. No solo pocos tuvieron acceso a la convocatoria, sino que, además, Renap se encontró con estas anomalías propias de las migraciones, cuyo detalle no cabe abordar aquí. Sin embargo el resultado conclusivo es que, de las 6 mil solicitudes atendidas, menos de 2 mil fueron culminadas con éxito, dejando a una escalofriante mayoría en un limbo documental.

Es prioritario que inicialmente se aborden con enfoque humano las anomalías registrales, para buscar soluciones técnicas. Esto debe suceder antes de ofrecer el DPI. En juego está la identidad legal de la persona, que nace al incorporar sus datos correctamente al sistema digital del Renap. Al ver que Guatemala es uno de tantos países que exige portar una tarjeta para ejercer derechos ciudadanos, comprendemos que el DPI en el exterior es un deber de Estado.

Se pronostica que el programa interinstitucional desbordará la capacidad de la red consular, que ya es objeto de quejas. Y si desde 2012 Renap no pudo cumplir más que el 30% de las solicitudes recibidas afuera, ¿qué cambios se harán para que esa experiencia no se repita?