El panorama electoral presenta una atomización partidaria con pocas variaciones políticas o ideológicas, si es posible hablar de este tipo de diferenciación, ya que la mayoría de agrupaciones rehúye una definición certera. La mayoría de los 27 partidos políticos con personería jurídica se desplaza hacia la derecha, donde se siente cómoda para no asustar al statu quo, principalmente sus potenciales financistas del sector privado. Tienen un perfil electorero, vacío de ideas fundacionales y sin ser expresiones de sectores o fuerzas sociales con objetivos económicos, políticos o históricos claros. Pocas son las agrupaciones que en los últimos cuatro años han sido propositivas, han expresado sus posiciones sobre la realidad del país o han participado en el debate nacional.

Las principales novedades positivas las ha aportado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que restringió a tres meses la campaña proselitista, algo beneficioso porque no tendremos que soportar hasta la saciedad cancioncitas sosas y propaganda a veces hasta vulgar de otros años. También es importante la centralización de la forma en que se concederán espacios para cada agrupación política, la cual ojalá que sea realmente equitativa. Lo que puede ser contraproducente es que el TSE haya permitido que el techo de campaña para cada partido sea de Q29.6 millones, una cantidad excesiva para tan poco tiempo de campaña y que permite que los partidos vendan su alma al diablo con tal de conseguir fondos de financistas que luego se cobren con contratos de obras en el Estado.

¿Por qué creen ustedes, estimados lectores, que durante las acciones que impulsó el gobierno de Jimmy Morales para atacar y finalmente sacar del país a la Cicig, casi ningún partido político dijo algo? Guardaron un absoluto silencio. Les importó un pepino la situación del país. Posteriormente, varios de ellos dijeron que no querían involucrarse en un pleito entre dos posiciones extremistas, a favor o en contra. Falso. Los dirigentes de los partidos, principalmente hacia la derecha, no quieren la fiscalización anticorrupción y tratan de congraciarse con el sector privado, principalmente la cúpula del Cacif, al que ven como su potencial financista y sabían que este estaba en contra de la Cicig. Su acomodamiento o cobardía solo busca financiamiento electoral, además de que presentan candidatos afines al sector privado.

Si en los años setenta y principios de los ochenta los candidatos presidenciales debían tener el beneplácito del Ejército, ahora los presidenciables deben tener el visto bueno del gran capital. El establishment no quiere perder el poder y por eso ha hecho hasta lo imposible para cerrarle el paso a opciones que puedan poner en peligro el orden que han establecido. De esa manera han tratado de evitar la participación de agrupaciones de izquierda y de alguna candidatura que no esté acorde a sus intereses. Si no que lo diga la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que intentó bloquear la candidatura de Thelma Aldana y luego evitar la inscripción de Semilla como partido político. ¿Casualidades? Para nada. Es el círculo del poder que se cierra.

La lógica de este proceso electoral continúa siendo la presencia de partidos sin principios político-ideológicos, sin democracia interna y donde la elección de candidatos es a dedo. Rige el dominio del cacique, el dueño de la ficha partidaria, que es quien hace y deshace, y pone a la venta candidaturas a diputados y alcaldes. No hay ningún interés nacional o proyecto de nación a largo plazo, solo intereses a corto plazo para obtener dividendos personales. Por eso a muchos dirigentes políticos no les preocupa ganar o no las elecciones, lo importante, para ellos, es participar en el proceso para conseguir financiamiento con el fin de amasar fortuna. Son mercaderes de la política, pues.