En la antesala del sufragio, continúan los avatares políticos. Los abogados de los interesados han asesorado, aconsejado e interpuesto los recursos legales para entorpecer las decisiones o resoluciones y, aunque la normativa lo permite, de lo que se trata es de retrasar los procesos para lograr los fines que persiguen, que en muchos casos son espurios y colisionan con la ética y la responsabilidad. Por eso es que el andamiaje legal está permanentemente cuestionado y los profesionales del Derecho son tan criticados.

El 7 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral emitió un acuerdo con tres artículos muy claros: ordenar al Partido Libertad Democrática Renovada (Líder) que se abstenga de pautar por sí o por tercera persona individual o colectiva con los medios de comunicación, la realización de campaña electoral, o en su caso, que suspenda o cancele las pautas actualmente contratadas o a futuro; hacer del conocimiento de los medios que se abstengan de transmitir, publicar o reproducir cualquier tipo de pauta político electoral del Partido sancionado y, finalmente, le impuso a Líder una multa de US$100 mil por haber excedido el techo de campaña. Simultáneamente envió una nota a los medios, comunicando esta resolución, la que se adjuntó a la solicitud de no aceptar pauta a dicha organización política. El partido sancionado, casi de inmediato, ideó la forma de evadir la orden. Otra institución política, el Partido Corazón Nueva Nación, con el que tiene una afinidad histórica, asumió la publicidad, la que se diseñó de tal manera que pudiera entenderse que se trata promover al candidato de Líder, sin mencionarlo explícitamente.

Consultado por algunos medios, el Tribunal indicó que la prohibición es solo para Líder, no para otros partidos; sin embargo, el acuerdo establece la prohibición de pautar por sí o por tercera persona individual o colectiva, que, en mi criterio, es lo que ha sucedido al continuar con la publicidad encubierta de esa manera en abierto fraude de ley.

Los magistrados, que cuentan con el apoyo de diversos sectores organizados de la población y de la comunidad internacional, tienen las condiciones para tomar decisiones drásticas; en este caso, la cancelación del infractor, que además es reincidente, pues ya violó el monto del techo de campaña establecido y ahora desobedeció una orden, no una recomendación, de la autoridad electoral.

Y por si eso no fuera suficiente para mostrar su arrogancia, llevaron a cabo mítines el fin de semana con el uso de símbolos patrios como el himno nacional.

Es comprensible la prudencia de los magistrados, pues en este escenario cualquier cosa puede suceder, sobre todo cuando el supuesto ganador enfrenta el riesgo de perder las elecciones, ya sea porque se le cancele la inscripción o porque, a raíz del antejuicio de su vicepresidenciable, se diluya el binomio y se quede sin la presidencia.

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