Cuando el Estado dejó de atender la infraestructura y obra pública indispensable, su eficiente infraestructura administrativa y técnica quedó relegada a tramitar licitaciones y contratos con empresas y amigos que, como sabemos, ejecutan obra de ínfima calidad y precios injustificados. El 13 de abril de 2010 dio un paso adelante, cuando el Congreso aprobó el decreto 16-2010, Ley de Alianzas Público-Privadas, que creó la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) como una institución estatal descentralizada que se financia con aportaciones del gobierno central. Su objetivo es desarrollar obras de rentabilidad social y bienestar común. Su ámbito de aplicación es amplio e incluye lo turístico y cultural.

Anadie cuenta con un Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), integrado por los ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Energía y Minas, y Economía; Secretaría de Planificación Económica, Programa Nacional para la Competitividad, Cacif y Cámara de la Construcción; cuenta con un director ejecutivo y un Staff profesional. En otras palabras, la estructura perfecta para garantizar al sector privado el negocio perfecto a costa de los bienes del Estado. Los ciudadanos quedaron excluidos de los negocios público-privados. Se trata de una operación a espaldas de la sociedad, en la que habrá usufructo oneroso de los bienes del Estado y repartición de beneficios entre amigos.

El primer proyecto sobre el que se ha avanzado, al punto en que una semana atrás se dio a conocer el interés de distintas empresas nacionales y extranjeras por participar en su licitación pública, es la construcción del Centro Administrativo del Estado-CAE, en los patios de Fegua y Plaza Barrios. En ese Centro se prevé instalar cerca del 60% de funcionarios públicos actualmente dispersos en edificaciones privadas que el Estado alquila, es decir, unas once mil personas y cuatro mil estacionamientos. El proyecto incluye ramales del Transmetro, tren de cercanía sobre la calzada Atanasio Tzul, centros comerciales y densificación de la vivienda. Cuenta con el visto bueno de la Municipalidad, Ministerio de Cultura y del Organismo Ejecutivo.

El proyecto aparenta no contar con análisis urbano e histórico, pues de tenerlo se habría conocido el propósito del Centro Cívico que incluyó la Ciudad Olímpica, así como el Centro Cultural que se hizo luego, integrado según una concepción urbano-arquitectónico-artística de gran alcance. Dentro de este, la Estación Central del Ferrocarril y los patios de maniobra fueron incluidos como parte del patrimonio industrial más importante de Guatemala y, en particular, de la ciudad capital, convirtiéndolos en Museo.

De frente a los escándalos de corrupción evidenciados a partir del 16 de abril pasado, en los que la administración pública está implicada hasta los huesos, este no parece el momento más oportuno para empujar un proyecto de beneficio para unos pocos. El poder evitar una catástrofe previsible está en manos del ministro de Cultura, quien deberá manifestarse pronto y de manera circunstanciada.

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