Avanza la instauración de un Estado autoritario. En el pasado, funcionó el Estado de seguridad nacional que deformó al ejército. Al hacer el recuento de crímenes, el gran inspirador se hace humo y deja solos, a los genocidas. Ahora se entroniza a una fuerza entrenada con el mismo olor a azufre del pasado, que desfigura al Ministerio Público y a un organismo judicial acomodaticio.

Se allanó la sede sindical donde todavía se espera la aparición de los dirigentes secuestrados por el gobierno durante el enfrentamiento armado. Allí, llega la policía y los fiscales para secuestrar un acta, un pedazo de papel; pero remueven todo el mobiliario, esperan agresiones y hacer más grande la provocación. El objetivo es Joviel Acevedo, mientras se busca desencadenar una actuación impensada por parte del movimiento sindical. Obviamente se intenta provocar las manifestaciones de sus partidarios y cierres de carreteras.

En la misma dirección se anima una huelga de camioneros, para que crezca la exasperación de la ciudadanía. El objeto es promover la aceptación del sacrificio de las libertades y justificar un régimen autoritario. Se sigue sin garantizar la seguridad pública, porque las fuerzas policiales se utilizan con fines políticos, en lugar de ofrecer garantías de seguridad para todos los ciudadanos.

Lo aparatoso de utilizar una fuerza desproporcionada para buscar la exhibición con fotos y videos del perseguido y su deshonra pública, tuerce la legítima y necesaria lucha contra la impunidad. Se opera contra seres humanos lastimeros. Aunque se hayan enriquecido por la corrupción sistémica del gobierno, son pobres seres humanos. Acaso no aparece la sonrisa, cuando se habla de un señor con el nombre del pájaro loco, o aquella otra que pretendió hablar en inglés en una entrevista vergonzosa cuando promocionaba su álbum de canciones. El antropólogo González Ponciano, ha caracterizado al grupo social de donde provienen estos funcionarios como sujeto a procedimientos de discriminación social.

Mientras tanto, la funcionaria judicial denunciante, se encuentra asilada en los EE. UU. ¿La persigue, el gobierno? La base para concederle refugio fue señalar de acoso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el exmandatario con su socia, esperan que la suma de errores los favorezca.

En la irrupción de la casa de Pavel Centeno, la justificada defensa del hogar provoca una tragedia ante quienes buscaban armar la tramoya para denigrar al exfuncionario y secuestrar sus computadoras. Para explicar el hecho, la Fiscal General y el Comisionado Internacional, estuvieron solos. Evidentemente, el que tomó la decisión de allanar la casa del exministro no previó que habría legítima defensa ante el abuso. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad por emitir una orden ilegal y contraria a los derechos humanos?

Se reporta un rastro de sangre desde donde fue sometido el exministro, hasta el arriate donde muerto se le colocó con una tolva, para hacer más teatral la escena del crimen. Dos bomberos la remueven, ante una treintena de policías y varios fiscales, sin que las líneas amarillas sirvan de nada. Posteriormente, un grupo de reporteros crédulos y redactores colaboracionistas, lanzan la repetida versión del suicidio, para desinformar a la ciudadanía. A la PDH que deseaban proteger a la familia, se le vedó el ingreso al condominio.

Se acosa al Presidente por un “facturicidio” señalando a sus familiares. Siguen los pagos a organizaciones sociales cooptadas, para que sean los perros que mantienen unido al rebaño de ovejas irreflexivas reaccionarias. Hasta el Ministro de la Defensa está antejuiciado. Subterfugio repetido, previo a los golpes de Estado, en el pasado. Ahora, lo que ocurre, son los crímenes de la mano negra.