Tres hechos en el ámbito de la justicia durante los últimos días presagian momentos difíciles en la lucha contra la corrupción, que podría verse afectada al confirmarse estas preocupaciones.

El primero ocurrió el pasado lunes, cuando el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligió a Silvia Patricia Valdez Quezada como nueva presidenta del Organismo Judicial, cargo que desempeñará durante un año y que inicia el próximo 13 de octubre. La preocupación se funda en que su candidatura fue propuesta por Blanca Stalling, una magistrada que ha sido muy cuestionada.

El segundo caso sucedió el martes anterior, en el Congreso, cuando el pleno eligió a la magistrada Elizabeth Mercedes García Escobar en sustitución de Douglas Charchal, quien renunció a su magistratura al haber perdido el derecho de antejuicio y ahora enfrenta proceso por tráfico de influencias.

En este caso, el punto discutible es que en el Congreso esa elección derivó de un acuerdo previo entre el oficialismo y la Unidad Nacional de la Esperanza, cuyos integrantes eligieron antes a la sustituta del exmagistrado Bladimir Aguilar.

El tercero se refiere a una resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que separó al juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda Sandoval de los casos de corrupción, con el argumento de que emitió opinión.

Curiosamente, este tercer caso tiene un enorme paralelismo con el primero, en el sentido de que días antes de la elección de la nueva presidenta de la CSJ, la magistrada Valdez Quezada publicó un tuit personal en el que pedía “dejar en paz” al presidente Jimmy Morales para que este pudiera dedicarse a su trabajo, una opinión que, en todo caso, a ella sí le habría servido para escalar a tan alta posición, pero que de hecho debió descalificarla.

En el segundo caso, la reflexión obligada que también debe despertar preocupación es que el Congreso ha decidido dividirse por partido político las designaciones de los más altos cargos en el sistema de justicia, una aberración que de hecho elimina de un tajo la independencia de ese organismo, al politizar a las cortes y poner en grave riesgo cualquier posibilidad real de impartir justicia.

Según ese acuerdo, la UNE ya tuvo su premio; ahora le correspondió a FCN-Nación, y si otro magistrado deja el cargo, le corresponderá a la agrupación Todos designar al sustituto. Esto es intolerable, porque acentúa la descomposición del sistema, y cuando ocurren esas designaciones altamente politizadas, se pone en riesgo todo un sistema en beneficio de una clases política corrupta, que arrastra al ya de por sí debilitado sistema de justicia del país.

Quienes hasta ahora tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre la depuración del sistema no quieren entender la necesidad que hay de cambiar el actual estado de cosas, donde la corrupción asola al aparato público y a los más altos cargos de la administración pública no se designa a los mejores profesionales, sino a quienes mejor pueden servir a mezquinos intereses, como ya parece ocurrir en la CSJ.