Nada debemos esperar del MARN, de Diprona o del MP en estos tiempos… veamos qué hacen Conap y Ocret.

La gente está indignada. Hay movimientos de resistencia pacífica en casi todos los territorios donde el Gobierno ha impuesto la minería metálica. En la Sierra de las Minas se gesta un movimiento ciudadano para detener la explotación del jade y defender la integridad de esas montañas, pues allí —al igual que en tantas comunidades mineras—  la Policía tiene la consigna de proteger a las compañías explotadoras. En Río Dulce, los Cocodes se organizan para defender la seguridad de la población ante los abusos de la compañía que explota el níquel en El Estor.

El nuevo escandalito PP es la denuncia que hace el Observatorio Ambiental de Guatemala, “acerca de las pretensiones que existen, por parte de altas autoridades —el resaltado es mío— del gobierno actual, para que se les adjudique en arrendamiento los cayos ubicados en el área conocida como El Golfete, en el Parque Nacional Río Dulce (PNRD)”. Esa área fue declarada como protegida desde 1955. El Parque Nacional Río Dulce es uno de los humedales más importantes.

Cuenta con un plan maestro, que contiene la normativa para su conservación y manejo. Según el Plan Maestro, esos cayos (Cuatro Cayos, Fronteras,  Mono, Julio, Piedra, Palomo, Grande y Lámpara, entre otros)  forman parte de la Zona de Protección Especial, pues contienen muestras de los ecosistemas naturales, poco intervenidos y de excepcional belleza escénica, e importantes refugios de fauna. Dentro de las normas de manejo establecidas para estos cayos: “No se legalizará ninguna ocupación con fines de recreación familiar o vivienda dentro de los Cayos, ni cualquier otra que degrade su belleza escénica”.

Las altas autoridades de marras deben saber que somos mayoría  quienes estamos hartos; que nos sentimos agobiados por la falta de respeto de funcionarios del gobierno a las leyes de Guatemala, por la corrupción  y  el descarado cinismo que ostentan. Ojalá sepan que nadie puede adjudicarles ni arrendarles un solo centímetro de esos cayos sin violar la ley. No es legal ocupar áreas protegidas, aunque “su” gobierno lo autorice. Y lo hace menos legítimo que lo pretendan altos funcionarios de gobierno. Esos cayos son nuestros.