El crecimiento, que más bien se debería llamar explosión demográfica, es verdaderamente preocupante. En 1950 éramos apenas 2.8 millones, y ya en 1980 habíamos llegado a 7 millones, cifra que para el 2013 casi se duplicará a 14 millones.

Cuando vemos las cifras de la Población Económicamente Activa y nos damos cuenta de que apenas el 18% está en la formalidad, nos preguntamos cómo será posible atacar los problemas de pobreza con las soluciones planteadas en leyes como la del Desarrollo Rural Integral.

En octubre de 1962, el Decreto Legislativo 1551 decretó: “El patrimonio familiar no podrá ser menor de 28 manzanas”, con este tamaño de finca, los 2.5 millones familias rurales necesitarían 70 millones de manzanas y el territorio guatemalteco solamente tiene 15.5 millones, incluyendo ríos, lagos, pueblos carreteras y caminos. Por lo que la repartición sería totalmente inviable.

Por supuesto esto llevaría a la destrucción de toda unidad productiva para entrar en una economía de subsistencia, que en nada ayudaría a las familias y causaría la descapitalización del sector agrícola y por lo tanto una reducción de grandes proporciones en los ingresos del Estado.

Si además de la población rural los demás guatemaltecos exigieran también su derecho a la tierra, con la población actual, si vemos que solo el 42% de la tierra es cultivable, la parcela sería menor de un tercio de manzana por familia, lo que no haría sostenible ni la economía y menos a las familias.

Queda claro que la explosión demográfica ha llevado a la crisis la agricultura de subsistencia y se han generado migraciones masivas, del campo a los centros urbanos y hacia los países vecinos del norte, con resultados desastrosos como la dislocación social, horizontal y vertical, que conllevan dolorosos ajustes y de implicaciones ya conocidas.

En 1980, la AID hizo un estudio en el que llegó a la conclusión de que en esa época solo 2/3 partes de los campesinos podrían recibir parcelas del tamaño suficiente para mantener a sus familias, imaginemos el porcentaje que sería beneficiado ahora con la explosión demográfica y por supuesto la cantidad de inconformes, que serían los no beneficiados, entonces el reparto, lejos de resolver un problema, aumentaría la conflictividad social.

El resultado sería que la producción agrícola experimentaría un severo descenso, la producción industrial se vería afectada por la falta de divisas, y lógicamente el comercio entraría en una crisis de mercado negro para la obtención de divisas, lo que llevaría estrictas regulaciones que desestimularían la inversión. Lógicamente los grupos sociales harían protestas y demandas al no entender por qué en vez de mejorar su condición esta estaría afectada por una tremenda inflación y desempleo.

Cambiar el régimen de propiedad por algo diferente no es viable, aunque los doctos diseñadores de políticas socializantes lo defienden a pesar de los fracasos de los países que lo han aplicado. Ojalá que pensaran un poquito con la cabeza.