Criminológicamente vivimos en un país cubierto por las banderolas negras de la corrupción administrativa, desde hace muchos años. Y el mal no parece tener remedio.

En materia de violencia Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en el mapa mundial, situación ilustrada el 14 de abril por Prensa Libre, en titular de primera plana, según el cual hasta esa fecha, habían sido asesinadas 1,500 personas.

Esto último indica que la ilegalidad ha tomado por asalto las calles y avenidas de pueblos y ciudades, y muchos altos cargos en los organismos del Estado.

En numerosas áreas rurales la autoridad nacional ha sido usurpada por la delincuencia. Los grupos antisociales, además, han puesto cerco a escuelas y colegios y penetrado en casi toda actividad que debería ser protegida por el Estado.

En cuanto a la falta de honradez en el sector público, sin duda, estamos cerca de alcanzar el campeonato universal. La organización Transparencia Internacional, que desde 1993 publica anualmente un Índice de Percepción de Corrupción, coloca a los sistemas político y administrativo de Guatemala entre los más corruptos del mundo; señalamiento que tiene su origen en hechos como el descubierto estos días por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, según la cual funcionarios del Gobierno y de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, integraban una red del crimen que tenía o tiene bajo su control el sistema aduanero del país, obteniendo ilegalmente miles de millones de quetzales al año de utilidad.

Transparencia Internacional también centra sus estudios en la corrupción política, la cual tiene su raigambre en grupos partidarios que deberían asumir, y no la asumen, la obligación de responder por el comportamiento de sus militantes cuando estos están en el poder.

Para los guatemaltecos bien informados, que pasan de los setenta años de edad, será fácil recordar que uno de los primeros grandes corchos administrativos se produjo en el Gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes (1958/1963), con el llamado “escándalo de las corcholatas”, un negocio entre funcionarios y particulares. Nadie fue procesado.

Durante la campaña preelectoral de 1978, un retirado general del Ejército denunció públicamente que funcionaros del Gobierno se habían apropiado de cuarenta millones de dólares (US$ 40.000.000.00) provenientes de la ayuda internacional destinada a las víctimas del terremoto del 4 de febrero de 1976. Nunca se investigó la denuncia, impunidad que no se habría producido, quizás, si hubiese existido una CICIG.

En años recientes, la opinión pública nacional y la internacional se estremecieron al enterarse de que en la administración 2000 – 2004, unos cuatrocientos ochenta millones de quetzales (Q 480,000.000.00) habían sido defraudados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por miembros de su junta directiva, en complicidad con particulares. Y en relación con ese Instituto, el 2 de mayo del año pasado, Prensa Libre publicó que a nueve años y medio de haber sido presentada una denuncia por lavado de varios millones de dólares —denuncia que involucra a varias personas y a 21 empresas y bancos de Panamá y Bahamas—, “no hay ninguno ligado al proceso y todas las órdenes de captura han sido revocadas”. Ahora salta a las páginas de los diarios la redada de funcionarios de la SAT y del Ejecutivo (17 en total) a quienes las autoridades acusan de formar una “mafia” que obtenía miles de millones de dólares dominando el sistema aduanero.

Lo ocurrido hoy hace recordar dos historias pasadas: una, la impresionante organización delictiva de Alfredo Moreno y dos, que continúa en prisión el exsuperintendente de Administración Tributaria y exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Marco Tulio Abadío, condenado en 2007 a 30 años de prisión por lavado de unos treinta y dos millones de quetzales (Q 32. 000.000.00). Y hay más.