En organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil, varias en contacto con el Tribunal Supremo Electoral, se están debatiendo intensamente las formas de convertir la indignación en propuestas que puedan comenzar a resolver los problemas de corrupción que permean al Estado. Ya se ha avanzado con la sanción social y política de numerosos funcionarios corruptos, a lo cual debe seguir la sanción penal. Lamentablemente persiste en su puesto un presidente que es políticamente responsable de la corrupción. En vez de facilitar una transición, el salvavidas que le ha lanzado la embajada de los Estados Unidos solo generará más tensiones, como cuando se permite que una fiera herida de muerte continúe dando zarpazos.

Ahora se vuelve aún más importante avanzar con la renovación de la clase política guatemalteca, reivindicación compartida por los manifestantes que se han expresado en las calles. El problema es que las elecciones, tal como se plantean actualmente, no garantizan esta renovación. Se requiere algo más. Una opción es romper el monopolio de los partidos y permitir que aumente la competencia, con partidos o comités cívicos departamentales que puedan elegir a diputados distritales. Es un tema que se está contemplando como una de las reformas fundamentales de la Ley electoral y de partidos políticos (LEPP). Sería una verdadera innovación, para aplicarse ya.

Los demás cambios que se discuten son más conocidos, y algunos han sido propuestos hace tiempo: aceptar el voto nulo como referencia para anular una elección, regular las posibilidades de reelección así como el acceso al financiamiento y a los medios de comunicación, además de convenir condiciones de participación paritaria de mujeres e indígenas. Una posibilidad que también se discute es postergar las elecciones hasta noviembre o diciembre para dar más tiempo para que estas reformas se apliquen durante el actual proceso electoral, además de aplicarse posteriormente a la elección de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, si ello llegara a darse.

Pero solo cambiar la ley no bastaría: habría que aprovechar los espacios que abriría. Partidos departamentales le permitirían a los indignados enfrentar en las elecciones a los caciques corruptos apoyados por los partidos tradicionales en cada departamento. Las posibilidades de éxito aumentarían en la medida que los indignados urbanos se aliaran con poblaciones rurales para lograr que el voto clientelar, reflejado en las encuestas, fuera sustituido al menos en parte por un voto ciudadano más crítico. Y para evitar que el remedio fuera peor que la enfermedad, y que los comités se volvieran instrumentos de nuevos caudillos locales o de narcotraficantes, también se requeriría reglas estrictas aplicables a los nuevos partidos o comités en el ámbito del financiamiento y de la transparencia.

Estas propuestas, especialmente permitir partidos o comités departamentales, podrían ser el primer paso para renovar gradualmente a la clase política. La presión social sobre el Congreso para que apruebe estas reformas inmediatamente tendrá que ser contundente porque seguramente querrá atrasar y modificar lo que se propone.

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