Nacer mujer en América Latina y el Caribe significa nacer con restricciones sociales y económicas. Pues, a pesar de haber logrado avances muy importantes en el acceso de las niñas a la educación en todos los niveles, una vez graduadas, solo un 57% de las mujeres entre 15 y 64 años en la región participa en el mercado laboral en comparación con el 82% de los hombres, según datos del 2018 del Banco Mundial. Y cuando lo hacen, ganan en promedio un 21% menos que ellos, según cifras del mismo año de la Organización Internacional del Trabajo.

Esto no solo supone una gran injusticia para ellas, sino que tiene enormes consecuencias para toda América Latina y el Caribe. A nivel social la desigualdad de género puede desencadenar aspectos tan negativos como embarazos juveniles, matrimonios infantiles y violencia contra la mujer. A nivel económico, las pérdidas debidas a la brecha de género en la participación laboral suponen el 15.8% del ingreso per cápita de nuestra región, según información de 2016 del BM.

Como sociedad esta es una realidad que no podemos permitirnos. Para avanzar en este camino será crucial superar estereotipos sobre su capacidad y rol en diferentes esferas. No se lograrán avances mientras esperemos que las mujeres dejen el trabajo si se casan o tienen niños, o si aceptamos que opten por un empleo peor pagado para compaginar su vida profesional con el cuidado de sus hijos o padres.

También será importante eliminar o modificar las leyes y regulaciones que limitan su acceso al trabajo. La razón es sencilla. Si una mujer no puede abandonar su hogar sin permiso para buscar empleo o ir a una entrevista de trabajo, será imposible que logre desarrollarse profesionalmente. Asimismo, si no se le permite poseer tierras, acceder a financiamiento o disponer de bienes, nunca tendrá la posibilidad de abrir su propio negocio. Mientras esto suceda, mientras no se eliminen las brechas de género, ninguna sociedad, país o empresa logrará su máximo potencial.

Hacer frente a esta realidad supone un desafío de enormes dimensiones, que solo puede superarse con un fuerte compromiso por parte de los diferentes actores. Del sector público, garantizando leyes y un entorno institucional que contribuya a eliminar las brechas. Del sector privado, facilitando un ambiente de negocios que apoye a las mujeres en sus distintos roles. Y de la comunidad internacional, la sociedad civil y la academia a través de iniciativas destinadas a visibilizar las barreras que impiden la igualdad de género y a financiar esfuerzos para eliminarlas.

A pesar de los desafíos, América Latina ha logrado avances en los últimos años, como se puede ver en un índice del BM presentado como parte del informe “Mujeres, Empresa y el Derecho 2019”. Este índice analiza los diversos hitos en la vida laboral de una mujer, desde su primer empleo hasta su jubilación, así como las protecciones legales asociadas con cada una de estas etapas, en los últimos diez años.

Para América Latina el índice aumentó de 75.40 a 79.09 (en una escala donde 100 es la máxima puntuación), el segundo mayor crecimiento entre las economías emergentes y en desarrollo. Nuestra contribución, sin embargo, va más allá del análisis, un aspecto sin duda crucial para identificar las brechas. Cada vez más nuestros proyectos sistemáticamente incluyen componentes para contribuir a mejorar las oportunidades de las mujeres. A pesar de estos esfuerzos, es necesario seguir avanzando. ¿La razón? América Latina no podrá progresar en su sueño de eliminar la pobreza sin las mujeres. Las cifras hablan por sí solas. Sus ingresos entre 2006 y 2015 contribuyeron al 29% de la reducción de la pobreza en la región. Por ello y por justicia social el momento de garantizar la igualdad de género es ahora.