Pluma invitada
Salud mental y psicosis colectiva en Ciudad de Guatemala
La ausencia de gobierno en la vía pública agrava la situación.
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El 9 de febrero 2025 (Prensa Libre) hacíamos una analogía entre la Ciudad de Guatemala y un edificio de apartamentos para explicar la problemática del tránsito y de la movilidad urbana en la ciudad, y proponíamos algunas soluciones. Con el tiempo, la crisis ha empeorado y, en los últimos meses, hemos presenciado un incremento en el caos y, sobre todo, de conductas violentas entre los conductores.
Ahora se ve amenazado el derecho a la salud, pues está creciendo una psicosis colectiva que está a punto de explotar.
Aparece ahora en la ciudad un virus silencioso, profundo y progresivo en la salud mental de los vecinos. Cada día, al quedar atrapados durante horas en las calles, se acumula una especie de psicosis colectiva. El estrés de la espera prolongada genera enojo, frustración, pérdida de la paciencia y, ¿por qué ocultarlo? rabia. Personas habitualmente tranquilas terminan gritando, insultando y hasta agrediéndose porque se sienten atrapadas, secuestradas y se dan cuenta de que nadie aborda el desorden.
La ausencia de gobierno en la vía pública agrava la situación: no hay orden ni seguridad, ni aplicación del “estado de Derecho” en la ciudad. Al percibir que la autoridad es inexistente o que no interviene, muchos vecinos optan por desquitarse con los demás, convencidos de que, “si no hay quien ponga orden, todo vale”. Con el tiempo, esto se va normalizando y la mayoría empieza a incumplir las normas. Se va volviendo normal saltarse la ley.
Algo similar se observó en los famosos experimentos del etólogo John B. Calhoun, quien, en la década de 1960, creó el llamado “Universo 25”: un espacio cerrado, con recursos ilimitados, para ratones, pero con densidad poblacional creciente. Al principio, todo funcionaba en armonía, pero pronto el hacinamiento y la ausencia de regulación llevaron a un “sumidero conductual”, donde los ratones comenzaron a agredirse, al punto de canibalizarse. La lección es clara: cuando el espacio común se satura y no hay autoridad que regule, la convivencia se degrada y la salud mental colectiva colapsa.
Este proceso está erosionando el tejido social de la ciudad: la confianza mutua y la cortesía básica en la calle se han desvanecido, mientras la ansiedad y la irritabilidad se propagan como una epidemia entre los vecinos. Ya no hablamos únicamente de un problema de transporte, sino de una crisis de salud pública y de convivencia, en la que la ineficiente e insegura movilidad funciona como detonante de tensiones emocionales y sociales. A ello se suman los costos familiares y económicos: los padres comparten menos tiempo con sus hijos, los niños reducen sus oportunidades para actividades extracurriculares o para cumplir con sus tareas escolares, las celebraciones familiares —ese cemento que fortalece los lazos— han quedado relegadas, las reuniones con amigos se vuelven escasas, las citas de trabajo se reducen o se cancelan, y la lista de externalidades continúa sin fin.
En este contexto, no podemos olvidar que el problema del tránsito también implica una grave vulneración de los derechos humanos. Como primer punto, se nos priva del derecho legítimo a la vida y a la libre locomoción, al estar literalmente secuestrados por horas en el tránsito. Y ahora, además, se ve amenazado el derecho a la salud, pues está creciendo una psicosis colectiva que está a punto de explotar. Autoridades, este es un segundo llamado cordial hacia una planificación a conciencia y hacia la ejecución de un plan de acción.
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