En Guatemala, la educación, la alimentación y la salud han sido consideradas privilegios, no derechos. No digamos la libre expresión. Por ello, las muestras de rechazo desde el desconocimiento, la palabra fácil y los discursos sin contenido hacia los “bloqueos” de esta semana me hacen ruido. Entiendo bien ese otro derecho a la libre locomoción que nos asiste, pero no soy capaz de disociarlo de la imposibilidad, vigente para millones de personas, de acceder al desarrollo.

En esto hay claras responsabilidades históricas de los grupos de poder. Hay una deuda del Estado guatemalteco con millones de personas a las que les ha sido bloqueada (y allí sí cabe bien el término) la oportunidad de vivir con la dignidad que merece cualquier ser humano. Diversos textos, desde distintas disciplinas, analizan la conformación de nuestra sociedad en los distintos momentos de la historia, y la mayoría de ellos alude, necesariamente, a las relaciones de poder que se han establecido en Guatemala. Por eso, ante la pregunta de quiénes han sido históricamente los bloqueados y quiénes han determinado esos bloqueos, hay algunos que prefieren desconocer y negar la historia.

No llevemos el tema a la simplificación de pobres y ricos o malos y buenos. Tampoco al escenario insuficiente de oprimidos y opresores, porque nunca la opresión es completa ni el oprimido es totalmente pasivo. Aludamos a hechos. Hablemos del poder en Guatemala. Hablemos con profundidad de los que se educan y de los que no pueden estudiar; de los que reciben atención médica de primer nivel y de los que no reciben ni siquiera atención inmediata de calidad; de los que se hartan y de los que amanecen sin un pan para la familia; de los que son obedecidos con una sola llamada y de los que no pueden siquiera hablar; hablemos de cuántos tienen vivienda propia y cuántos viven en asentamientos urbanos; hablemos de los que consiguen trabajo solo por su nombre y de los que jamás accederán a uno bueno por la zona donde viven; hablemos de los que arrodillan a la clase política y a ciertos medios para la preservación de sus propios intereses y del statu quo, y de los que, para hacerse escuchar con quienes supuestamente les representan, tienen que manifestar.

Las masas encuentran su único y real poder en su expresión colectiva y pública. Si tuviéramos más gente pensante en los espacios de poder real, las respuestas a estas manifestaciones serían, en consecuencia, más inteligentes, menos ideologizadas, menos manipuladas y más beneficiosas para todos. Los derechos de reunión y manifestación pacífica son constitucionales, y en ellos subyace el de la libre expresión; el de la libre locomoción también es uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Pero cómo no entender la ceguera si desde el primer punto de nuestra acta de independencia dice: “Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, i sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar, para prevenir las consecuencias que serian temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. ¿De aquellas lluvias estos chaparrones? Aquellos que lucharon por librarnos de un yugo nos impusieron otro mayor: le robaron al pueblo, en un acta de independencia, su derecho a la libre determinación.

La libertad es nuestra potestad de hacer todo aquello que nos plazca, sin perjudicar a otras personas. Es algo que se ha olvidado en Guatemala por mucho tiempo. Aquí no se ha pensado en serio que un país se levanta si todos nos levantamos; más bien, se han levantado unos pocos a costillas de muchos. Aquí unos hablan en oficinas de lujo con billetes en la mano, y otros tienen que hablar a puro bloqueo o manifestación. ¿Y para qué hablan los unos y los otros? Contéstelo usted.