No hablo de la formalidad aquella relacionada con las buenas costumbres y convencionalismos sociales. Esto va más hacia la formalidad eficiente de los ecosistemas institucionales necesarios para desarrollar actividades laborales y empresariales con eficacia.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 69.2% de la población guatemalteca —más de 10 millones— vive bajo una economía informal. Es decir, siete de cada 10 guatemaltecos están afuera del sistema institucional. “De los 6.2 millones en edad laboral, solo dos millones —el 33.28%— tienen un trabajo estable en el sector formal con la garantía de un salario mínimo, acceso a seguridad social y prestaciones. El 70 por ciento es menor de 30 años.

Varias son las razones de la informalidad: 1) En Guatemala, la falta de una burocracia profesional siempre ha estado ligada al veneno mortífero del poder discrecional de los puestos públicos. Nacieron con esa tara genética desde los tiempos de la Colonia: la de controlar el sistema para su beneficio político y económico. De esa cuenta es que en toda la estructura institucional pública del país sigue enquistada esa toxina cancerosa. La formalidad, entonces, se vuelve onerosa. Un fastidio a nivel de gemido para la realización de cualquier proceso formal en las oficinas y ventanillas públicas, las cuales exigen papeleos, pasos, ventanillas, firmas, más pasos, sellos, otras firmas y más pasos, todo perfectamente diseñado para complicar el trámite, elevando el precio del costo de oportunidad del interesado para disuadirlo (entre menos trabajo, mejor para el burócrata), o persuadirlo a pagar el soborno. Así es como salen las licencias mineras, de medio ambiente, de construcción, licitaciones públicas y/o trámites de cualquier índole, con las excepciones del caso.

Una solución viable discutida durante décadas es la Ley de Servicio Civil, la cual profesionalizaría la burocracia, eliminando esa locura monumental de hacer el recambio de más de cien mil puestos públicos cada cuatro años como pagos de favores partidarios. Por cierto, nadie sabe a ciencia cierta cuántos empleados tiene realmente el Gobierno, no existe una fuente única que proporcione la cantidad real del sector público en un momento dado.

Otra razón es la falta de encadenamientos productivos para coadyuvar en la formalización e integración de las pequeñas y medianas empresas a cadenas de valor funcionales. Cuando un pequeño productor de arveja china del Triángulo Ixil se organiza con otros y forman una asociación, que a su vez se integra a una cadena de valor, el resultado es más productividad, mas ingreso, menos pobreza.

Otro componente vital para la formalización de la economía es el rol determinante que juegan la capacitación y la educación para el acceso a empleos formales que demandan mano de obra calificada. El Intecap juega un papel determinante en nuestro país. El éxito del Intecap es porque es manejado con un enfoque sostenible empresarial.

Por último: la pregunta que todo trabajador informal se hace: ¿De qué carajos me sirve formalizarme, si no obtengo ningún beneficio? Para qué formalizarme con un seguro social deficiente —y en muchos lugares, inexistente—, con pensiones miserables y servicios médicos pésimos y que —además— en estos momentos no tengo acceso al mismo? ¿De qué me sirve sacar mi NIT, si solo el trámite ya es engorroso y me implica otras gestiones posteriores, como aprobación de facturas y la obligación de llevar un libro de ventas y compras, so pena de incurrir en multas e impuestos, y que hasta para pagarlos tengo que hacer colas? ¿Cómo repongo ese tiempo y qué me representan esos impuestos? Hasta que el balance a esas preguntas sea positivo, siete de cada 10 guatemaltecos seguirá en la informalidad.

Y continuará vigente la solución más viable: Atraer inversión para generar empleos bien remunerados, en un país con estabilidad y gobernabilidad.

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