Danilo López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, fueron abatidos a tiros por sicarios contratados por criminales. El hecho ha generado un repudio total y un cierre de filas del gremio. No es para menos. Si no lo hacemos y no hay consecuencias para los responsables —tanto a sicarios como a los intelectuales del crimen— el mensaje es que el crimen paga y que pueden seguir matándonos cuando algo que escribimos o reportamos no es del agrado de esa lacra social.

Lo más probable —como lo señaló nuestro colega Danilo López, un año atrás— fue por las diversas coberturas periodísticas que hiciera contra las alcaldías, pasadas y presentes de Mazatenango y Suchitepéquez, acción que produjo una reacción visceral amenazante de los señalados, según denuncias del propio López ante el Ministerio Público. Falló miserablemente el sistema por no haber provisto para el periodista Danilo López la protección que ameritaba tal denuncia.

Siempre es la Prensa la que va a la cabeza abriendo paso a ritmo de machete investigador denunciando esto y aquello, a pesar de que hay un ente institucional que debería hacerlo por ley, como lo es la Contraloría General de la Nación, la encargada de prevenir, combatir y denunciar penalmente la corrupción según le ordena la Constitución.

Pero no logra remontar el vuelo del zope herido. Se queda dando vueltas en las alturas de lo superfluo sin hincarle los dientes a la carroña corrupta que se harta anualmente entre el 20 y 25 por ciento del Presupuesto General de la Nación. Solo en el presupuesto nacional para inversión del año pasado —fue de Q14 mil 894 millones— desaparecieron en el hoyo negro de los malos manejos, unos Q4 mil 500 millones, según los entendidos. Sobrevaloración, mala calidad de las obras, ungüento mordelón bajo la mesa y ene cantidad de chanchullos son los responsables del anatema presupuestario.

La Contraloría padece de una desnutrición técnica crónica al contar únicamente con unos 540 auditores para levantarle las enaguas a medio mundo institucional. No disponen de recursos, viáticos, vehículos suficientes, y cuando producen alguna auditoría, no son pocas las que salen chuecas, sin el rigor técnico necesario para darle a la fiscalía el fundamento legal para sancionar y meter al bote a los corruptos.

Entonces sucede lo que siempre ha pasado. El crimen paga porque el chanchullo es fácil. Y el círculo vicioso se convierte en tropel de voraces vividores estatales que año con año continúan en la danza de la corrupción, sabiéndose inmunes a la persecución penal y hasta con licencia de contratar sicarios para mandar a matar a quien se les ponga enfrente, especialmente a periodistas.

Sin músculos, dientes, independencia y recursos, la Contraloría General de Cuentas es un sueño de opio, un fumadero extravagante de buenas intenciones que se pierde en la mediocridad de la fiscalización estatal.

Y entonces uno se pregunta, ¿para qué fregados una Contraloría si nació con tara genética, y aunque quiera, no puede? La respuesta desconsuela: su razón de ser es servir de mantel de blanqueo burocrático pasando buenas calificaciones a la mara institucional para que no tengan problemas ni reparos. Y cuando los hay, una amonestación tipo spanking, es el extremo del peor escenario.

Otra cosa sería independizar realmente a la Contraloría, blindándola de los cabildeos insanos, dotándola de recursos, elevando el rigor académico y el número de auditores, empoderándola con dientes, garra y músculo legal con potestad de perseguir y encarcelar al ladrón; al extorsionador de cuello blanco que exige mordida hasta para pagar cuentas a los proveedores. Al constructor malabarista con vínculos en las diputaciones, o con cuelludos de vuelos altos escondidos detrás de gatos mandaderos prestanombres.

Danilo López y Federico Salazar, su muerte no quedará impune.

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