En estos días ha principiado el debate sobre el Presupuesto General de la Nación, un presupuesto elaborado por un gobierno que ya no existe, pero del que se quieren aprovechar los diputados como un arma política para castigar al pueblo de Guatemala. Desde el año 2000 a la fecha, las cantidades del presupuesto se han más que triplicado, pasando de Q22,310.3 millones en el 2000 hasta Q70,600 millones en el 2015. La propuesta para el 2016 es de Q72,430 millones, sin que ello se traduzca en desarrollo del país, pues nos presentamos a la última reunión de las Naciones Unidas sin haber cumplido ninguna de las metas del milenio. Es importante analizar que se tienen problemas de recaudación tributaria, es de las más bajas del mundo y la carga ha oscilado alrededor del 11%, lo que obliga al Estado a adquirir deuda para financiar el presupuesto, y allí radica en realidad el problema, pues la deuda actual es casi dos veces el presupuesto actual.

La fórmula simple para tener una economía saludable es que no debemos gastar más de lo que nos ingresa, y esto es aplicable al Estado. Los ingresos tributarios se calculan en alrededor de Q55 mil 500 millones y es lo que debiéramos gastar. A esto puede sumarse lo que se ha dejado de percibir por el caso la Línea y otros focos de corrupción dentro de la institución tributaria. Antes de pensar en seguir aumentando el endeudamiento, deben de sentarse bases sólidas para tener una adecuada recaudación tributaria, y para ello deben fijarse reglas muy simples y claras para que los ciudadanos puedan tributar adecuadamente, pues para todos es sabido lo engorroso de los procedimientos en la Superintendencia de Administración Tributaria para cumplir con nuestros compromisos tributarios. El sistema actual permite que las grandes empresas se acojan al régimen de pago sobre utilidades, y a través de mecanismos legales pagan menos de lo que deberían pagar. Las utilidades y pagos de impuestos se reducen cuando, por ejemplo, se forman fundaciones, se crean consorcios de empresas o se contrata personal bajo servicios profesionales, entre otras formas. Quienes se acogen a este régimen pagan un 25% sobre utilidades. La otra opción es el pago de ISR sobre ingresos; actualmente la tasa es del 7%, la que es más simple de aplicar y evita todo tipo de argucias legales. Una buena medida sería aplicar este tipo de impuestos para todas las empresas y eliminar el régimen sobre utilidades. Los cálculos demuestran que los ingresos adicionales al imponer este tipo de medidas podrían cubrir los pagos de la deuda actual.

La otra parte preocupante del presupuesto es que el 64% se dedicará a funcionamiento, un 17%, al pago de deuda, y solo un 18% a inversión. Una buena revisión de la burocracia estatal podría reducir en forma rápida el gasto en funcionamiento, lo cual implicaría reducción de ministerios, eliminación de plazas fantasmas, ajustes de salarios a la realidad nacional, declarar lesivos la mayoría de pactos colectivos, etcétera. Un pacto de “cero corrupción” ahorraría buen porcentaje de los gastos del Gobierno. Recibir comisiones o sobrevalorar los contratos debe castigarse drásticamente. Con voluntad política puede haber gasto de calidad al reducir el funcionamiento, aumentar la inversión y eliminar la contratación de más deuda.

samreygo@yahoo.com