Desde abril estamos, día a día, sorprendidos por los distintos hallazgos que la Cicig y el Ministerio Público han hecho en temas de corrupción. Autoridades de la administración central y de entidades autónomas están presos, de forma provisional, en torno a serias acusaciones. La prensa nos traslada escuchas telefónicas en donde se evidencia que asumir cargos públicos y comerciar plazas, servicios, bienes, mordidas y abusos está a la orden del día.

En el imaginario colectivo está que “en las aduanas siempre se ha robado”. Sabemos que la corrupción aduanal es algo de espanto, pero también la vemos en el mercado de medicinas, la contratación de personal y de obra pública. Nos hemos percatado de cómo un sencillo cambista en Asunción Mita consiguió la franquicia de Western Union y con la complicidad de la banca central y de cierto banco lavó, por años, más de 930 millones de quetzales y así destinó porciones de ese dinero para financiar a políticos.

En este momento es conveniente preguntarnos ¿puede prevenirse la corrupción y hacemos algo para ello?, ¿tendremos que esperar que la corrupción se multiplique y haga daño para reprimirla?, ¿todos son victimarios o hay víctimas dentro del sistema corrupto?, ¿si alguien se hubiera opuesto a la corrupción, en aduanas, por ejemplo, podría haber tenido alguna garantía de seguir vivo?

Lo que ha pasado desde abril nos debe abrir los ojos en torno a que el sistema de prevención fracasó y debemos replantearlo. La contratación de personal, el desprecio hacia la tecnificación, la ausencia de apoyo a los procesos de modernización y gestión, los sistemas disciplinarios, así como las eternas empresas y sindicatos que se han enquistado mamando de los privilegios que un sistema permite, debe terminar y las propuestas de las modificaciones sustantivas sí pueden ser preparadas por Alejandro Maldonado y su equipo.

El acceso a la información pública constituye una excelente herramienta para evitar abusos y robos, pero poco puede ser su alcance si no tenemos definido cómo se manejan los archivos estatales ¿podemos imaginar toda la información que se perderá con el cambio de gobierno?, ¿sabemos que en Guatemala es raro que un funcionario público en su comunicación oficial utilice el servidor institucional?

También es un secreto a voces, sobre todo ahora que existen casos muy serios de corrupción judicial, que dentro de las distintas comisiones de postulación hay corrupción, y si en esos órganos está representado lo más excelso del foro nacional, ¿podemos esperar algo distinto para el futuro?

Entender el combate a la corrupción solo desde la perspectiva penal es un error, si la propia Corte de Constitucionalidad aplicara con más drasticidad las consecuencias, ya descritas en norma, sobre la procedencia del amparo y sus consecuencias al funcionario infractor, otra historia nos cantara, por citar solo un ejemplo más. Este proceso exige nuevas leyes, pero sobre todo aplicar lo que ya tenemos.

Este es momento de transición y como su nombre lo indica, este lapso es para replantear andamiajes y llegar a feliz puerto o, por lo menos, intentarlo.