Todo iba muy bien con eso de la lucha contra la corrupción y la impunidad hasta que el comisionado de Cicig, Iván Velásquez, osó proponer la creación de un impuesto extraordinario y temporal a los grandes capitales para financiar a las instituciones de seguridad y justicia.

Las reacciones del sector privado organizado no se hicieron esperar y a tal punto llegó la molestia, que ninguno de sus representantes asistió a la presentación del octavo informe de labores de la comisión internacional.

Que no es el momento para proponer nuevos impuestos (¿alguna vez será el momento?); que ya se paga lo suficiente (Guatemala tiene la carga impositiva más baja del continente, solo superada por Haití); que si no se lo robaran, el dinero alcanzaría (se requiere más inversión para que las instituciones tengan suficientes recursos para desmantelar las redes de corrupción y recuperar lo robado); que todo es culpa de la economía informal (por supuesto, nada tienen que ver en el hoyo financiero las exenciones ni los privilegios fiscales de los que gozan las empresas); que el aumento a la carga tributaria solo desalienta la inversión y ahuyenta los capitales (en países de América Latina, donde se pagan impuestos por arriba del 20%, los inversionistas siguen ahí); que no se pueden cambiar las reglas del juego y castigar las actividades productivas (que sigan siendo los ciudadanos de otros países quienes con sus impuestos financien lo que los guatemaltecos nos negamos a pagar)…

No importa si lo dice Iván Velásquez, que hasta hace poco era elogiado por quienes hoy lo critican, o Álvaro Uribe, paladín de la derecha continental, que les recordó a los empresarios guatemaltecos cuando fue invitado al Enade, que en Colombia se creó un impuesto extraordinario para financiar la seguridad y la justicia. Lo de más impuestos es un tema prohibido en esta finca y punto. No hay nada qué discutir, aunque el Ministerio Público y la Cicig hayan demostrado que están haciendo un trabajo efectivo y que los recursos están siendo bien invertidos. Solamente dos datos: el MP tiene presencia en 34 de los 340 municipios del país y tiene un déficit presupuestario que supera los 2 mil millones de quetzales.

Esta lógica del azadón, de quererlo todo sin aportar nada, le ha hecho un grave daño al país. Cuesta entender que quienes se hacen llamar a sí mismos emprendedores no vean que mientras se mantenga este esquema de inseguridad, corrupción e impunidad, sus negocios e inversiones corren graves riesgos. Si no lo hacen por el país —como suelen decir en sus discursos—, podrían hacerlo aunque sea por interés.

Lo del impuesto extraordinario sería una medida en el medio de una propuesta integral de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Va siendo hora que las y los guatemaltecos nos hagamos cargo de financiar nuestras instituciones y dejemos de endosarle a la comunidad internacional esa responsabilidad. Su aporte a la Cicig ha sido un valioso apoyo para Guatemala y a nosotros nos toca poner la contraparte; de lo contrario, como dice el comisionado Velásquez, todo habrá sido en vano.

@MarielosMonzon