Termina un año más sin avances significativos en aspectos fundamentales tales como los índices de desarrollo humano, de percepción de corrupción y de integridad pública, a través de los cuales se evidencia la enorme debilidad institucional de Guatemala.

La realidad es que los desafíos para el nuevo equipo de gobierno, el cual inicia sus funciones en enero, sobrepasan largamente las posibilidades reales de ejecutar cambios de fondo capaces de revertir los indicadores negativos en estos aspectos.

Guatemala es un país deficitario no sólo en inversión social, sino también en certeza jurídica y en perspectivas de desarrollo de un Estado de Derecho que garantice un mínimo de estabilidad en todos los órdenes.

Las elevadas cifras de la violencia impiden a la población disfrutar del pequeño consuelo de refugiarse en la nube rosada del optimismo propio de los años nuevos.

La impunidad de la cual gozan los criminales gracias a la incompetencia de los sistemas de investigación y justicia, constituye un obstáculo insalvable para los proyectos de vida de quienes sólo desean tener una vida normal, trabajar en paz y caminar por las calles de su ciudad sin riesgo de morir por un tiro en la cabeza.

El actual mandatario no parece comprender que el tema de la violencia es una responsabilidad del Estado. Que un aumento de la carga tributaria para pagar más por seguridad, debería estar vinculado a una mejor recaudación entre los grupos poderosos que han tenido por décadas el privilegio de evadir tributos gracias a su influencia en las altas esferas.

Que la cultura de violencia del país también está afincada en las injusticias sociales que constituyen una vergüenza nacional.

Este año cierra, al igual como sucedió en años anteriores, con números negativos en casi todos los órdenes sociales. Por supuesto, es importante subrayar que hubo unas cuantas decisiones positivas y esperanzadoras, entre ellas la aprobación de la controversial Ley de Adopciones y el retiro de la inmunidad al congresista Castillo, por su vinculación al caso del asesinato de los diputados salvadoreños.

Pero también hubo otras poco afortunadas, como el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad, amparando en definitiva a un grupo de militares acusados de genocidio -entre los cuales se encuentran los generales Guevara, Arredondo, Chupina, Mejía Víctores y Ríos Montt- y que deja en evidencia lo mucho que falta para comenzar a hablar de una institucionalidad confiable y de un Estado de Derecho capaz de sostener a la democracia que ha costado tanta sangre y dolor al pueblo de Guatemala.