El Ejército de Guatemala gastará más de lo planeado, por escoger una vía equivocada. En lugar de comprar llave en mano, decidió hacerlo por pasos. En noviembre de 2013, Otto Pérez Molina canceló la adquisición de un sistema de aseguramiento territorial: C4i. Esto es, comando, control, comunicaciones, computación e inteligencia, que integra en una red a los interceptores de intrusos.

El sistema se componía de tres radares de la firma española Indra, seis aeronaves Embraer 314/A-29, una red de comunicación susceptible de ser ampliada a más interceptores, con un centro de comando y un sistema informático. La automatización permitía la planificación, conducción y control de operaciones conjuntas aéreas, marítimas y terrestres. El despliegue en pantalla de información en forma simple, completa y oportuna. La producción de informes y reproducción de rutinas realizadas en el pasado. La integración de operaciones en sistemas cartográficos de última generación. Se aseguraba que el puesto de comando podía ser colocado en una plataforma transportable, segura y con interoperabilidad con otros bloques C4i similares.

La iniciativa del expresidente Álvaro Colom Caballeros buscaba continuidad por el actual gobierno. Al inicio se gastarían US$169 millones provenientes de un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España. La negociación fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, el presidente Pérez Molina anuló la adquisición donde no había comisiones, pues los encargados de pagos eran los bancos de la industria militar de sus respectivos países. La cancelación implicó una multa.

En el país existen sociedades entre empresarios y militares, creadores de una nueva área de mercado: la seguridad. Algunos indican que la anulación buscaba que esos grupos de negocios fueran favorecidos con jugosas comisiones.

Sin discutir ese extremo, el principal inconveniente de la compra fraccionada consiste en elevar el coste final del sistema. De esa cuenta, completarlo saldrá muchísimo más caro que haberlo recibido funcionalmente operativo. Ya se anuncia que se necesita adquirir el software o programa para control y distribución de tareas, que sirva para procesar la información de los radares; de donde la erogación de US$31 realizada necesita incrementarse de manera inmediata.

En testimonio del extravío de los asuntos militares, las estaciones de radar fueron pintadas como si fueran civiles. No se buscó el ocultamiento para evitar su fácil localización por posibles agresores, sino las estaciones están a la vista de quienes han demostrado que son bastante audaces en sus fechorías. Sin embargo, a pesar del incremento en costos, la ciudadanía debe exigir que el sistema esté en funcionamiento, para garantizar el control del territorio nacional. Sería una torpeza dejarlo a medias.

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