Ante recursos limitados el Estado tiene que definir prioridades claras y utilizar eficazmente los recursos disponibles. Pocos estarían en desacuerdo con esta afirmación. El gran desafío es reflejar estas prioridades claras en una reasignación del gasto público a partir del presupuesto pequeño y amarrado de Guatemala. Hay una buena parte de los recursos que obligadamente deben financiar sectores definidos por la Constitución (las municipalidades, la Universidad de San Carlos, el deporte y la Corte Suprema de Justicia). También hay varias leyes que condicionan el destino de los recursos, como los del IVA-paz para los consejos de desarrollo o las leyes de Fonpetrol o de incentivos forestales, además de otras obligaciones con instituciones específicas. Luego hay otros rubros que aunque no tengan leyes específicas que obliguen a su pago, sí responden a obligaciones jurídicas del Estado, como el pago de la deuda, que equivale al mismo monto que se le destina al Ministerio de Educación (en torno a Q 12 millardos), las obligaciones que surgen de jubilaciones (clases pasivas) equivalente a lo asignado al Ministerio de Gobernación (algo más Q4 millardos), y los sueldos y salarios, que equivalen a alrededor del 30% del gasto.

Con un presupuesto tan amarrado no es fácil reasignar recursos. El margen para proporcionarle más recursos a Justicia probablemente tendría que darse a costa de alguno de los ministerios con más recursos. Los ministerios que históricamente han absorbido más recursos han sido el de Educación y luego los de Comunicaciones, Salud y Gobernación. Hay propuestas que sugieren que los recursos para el Ministerio de Comunicaciones, el de Gobernación y el de Cultura y Deportes podrían reducirse, pero el dilema es obvio: una vez depurados, será a costa de infraestructura, de la seguridad y del apenas visible apoyo a la cultura. Algún espacio puede encontrarse dentro del gran rubro (Q23 millardos) llamado de “Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro”: aparte de incluir gastos que legalmente tienen que hacerse, también existen otros, como los destinados a organismos filantrópicos, donde esa obligación legal no existe. Pero no hay gran margen. Hay que asegurar que en cada reasignación se cuente con recursos disponibles y no es fácil porque la mayor parte de recursos ya tiene un destino predeterminado.

A los múltiples candados, de origen constitucional, legal o de hecho, se agregan otros establecidos en el presupuesto por diputados que buscan amarrar aún más al poder ejecutivo. Ante ello la solicitud del presidente electo de eliminar o reducir alguno de los candados no es descabellada. Cobra más pertinencia actualmente, cuando comienza a mejorar la credibilidad del Estado a la luz de una mayor eficacia del sector de justicia, y tomando en cuenta los procesos de depuración que se están realizando en los ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Pero mientras no se flexibilice y no se cuente con más recursos, no debe esperarse mucho de un presupuesto pequeño, severamente comprometido y con poco margen para reflejar nuevas prioridades.

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