El sistema militar involucra principios de disciplina y obediencia, su elemento humano está bien capacitado y sus estructuras jerárquicas funcionan. El Ejército es una de las pocas instituciones bien organizadas en nuestro país, mostrando siempre un espíritu de servicio con un profundo concepto de lealtad, cuya legitimidad deriva en gran parte de la aceptación por la sociedad civil.

Históricamente, los ejércitos han sido centros de movilidad social ascendente, centros de alfabetización y de educación cívica, que se han ido transformando por los avances en educación y tecnología. Además, es muy valiosa su participación en operaciones de paz y el apoyo en planes de rescate de poblaciones civiles en casos de desastres naturales, como lo acabamos de ver en el Volcán de Fuego.

El ejército de Guatemala se ha adaptado siempre a las tareas que se les asignan conforme a las exigencias de los tiempos; ha modernizado su sistema educativo a estándares internacionales y también ha adoptado la doctrina moderna de defensa y derechos humanos; sin embargo, el punto de debate en término de las relaciones civiles-militares es preguntarnos si la consolidación de la democracia también reconfigura la noción de una nueva Política de Defensa.

En este contexto, es oportuno aprovechar el momento coyuntural que vive nuestro país —es decir los altos índices de violencia, la poca capacidad para hacer inteligencia y la enquistada corrupción en los órganos encargados de velar por la seguridad pública—, para reasignar ciertas tareas de esta institución, considerando que la percepción que generan las fuerzas armadas ante la población civil es de credibilidad en el tema de seguridad.

Además, es evidente la ineptitud y la corrupción de los agentes de la PNC, que no logran cumplir con su misión; por el contrario, la imagen del soldado ante los delincuentes es disuasiva y al resto de la población le genera confianza, lo que ha llevado a un clamor popular que pide que sea el ejército el que se encargue de resguardar su seguridad.

Esta idea podría ser una buena solución para el país, por ser las fuerzas armadas una institución bien estructurada y organizada en el ámbito de seguridad, que ya cuenta con una maquinaria completa en cuanto a infraestructura, ordenamiento y operaciones; es todo un sistema que sí funciona, y a pesar de todo lo que se diga, cuenta con un altísimo porcentaje de beneplácito por parte de la ciudadanía, así como el reconocimiento de su eficacia y experiencia para responder calificadamente en momentos de crisis.

Sin duda sería muy inteligente y estratégico incorporar al Ejército en tareas de seguridad ciudadana, no solo en el combate de la delincuencia común, sino también del crimen organizado y narcotráfico.

El debate es establecer si es correcto permitir que las fuerzas armadas ejecuten esta tarea. Pero, como lo establece el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”. Entonces, queda claro que “sí” tiene asignada la misión de velar por la seguridad interna.

Aunque algunas personas se resisten a que el ejército se involucre en las tareas de seguridad interna, es necesario entender que nuestro país vive una crisis total y necesitamos que las acciones de prevención del delito y protección a los ciudadanos sean ejecutadas por personas altamente capaces y disciplinadas, que impongan respeto y al mismo tiempo sepan realmente manejar las situaciones de peligro en este momento que vivimos.