Si bien la corrupción y el desmantelamiento creciente de sus capacidades institucionales tienen de rodillas al Ministerio de Salud, veo señales positivas en la gestión del actual ministro: el arranque de la depuración institucional; ordenamiento de las finanzas; comenzar a investigar negocios como el Vitacereal y las cuentas de medicamentos. La entrada plena de la Cicig al sector salud consolidará este importante esfuerzo anticorrupción.

A la par está su lucha por restablecer el flujo de pagos a proveedores y de salarios atrasados al personal, a fin que se pueda regularizar la prestación de servicios. Aquí tiene menos margen de maniobra: el Ministro de Salud puede gestionar, pero que se logre depende de las prioridades del Presidente y de las acciones de la SAT y el Minfin. Este año, de los 6.6 millardos que le presupuestaron, el MSPAS solo ha recibido 4.5. ¡Cómo no van a estar desabastecidos los servicios! Y si además esos recursos se usaron de manera discrecional, clientelar y corrupta, ¿cómo no se iba a llegar al extremo que estamos?

El colmo es que le reduzcan más el presupuesto para el 2016. ¿Quieren acaso prolongar esta situación? Si con el presupuesto actual no se logra poner al día las deudas con proveedores, menos todavía si se recorta! Lo requerido para terminar el año son unos Q1.2 millones. El presupuesto del 2016 debería incrementarse más bien, simplemente para regresar al nivel de precariedad que se manejaba a inicios del 2015.

Pero el problema de fondo es mucho más complejo: no se circunscribe a falta de dinero y exceso de corrupción. Hace ratos que tenemos un sistema público de salud obsoleto, que no satisface las necesidades ni expectativas de nadie; relegado a ofertar atención mínima a quienes no tienen capacidad de pagar por servicios en un mercado increíblemente lucrativo y voraz. Un Ministerio que ha sido incapacitado para hacer cumplir sus funciones rectoras y de regulación, que son las que permitirían hacer una alianza más constructiva con los actores privados del sector.

Tampoco es solamente lo que pasa en los hospitales. El sistema paliativo y de atención mínima para los pobres que se implantó desde el gobierno de Álvaro Arzú ya feneció. A la gente en el área rural no le ha quedado nada de nada. Los más pobres, como siempre, son los más perjudicados, aunque ningún medio registre lo que ocurre con la falta de servicios en el área rural.

Ni el plan de gobierno del FCN, ni el Katún dan cuenta de la realidad estructural del Ministerio y del sector salud, mucho menos proponen cómo enfrentarla. ¿Cómo materializar entonces la supuesta prioridad que se dará a salud?

Las pugnas internas por los puestos no permiten todavía saber quién será la próxima “autoridad”. Trabajar exitosamente en los tres planos señalados requiere un equipo que además de tener una trayectoria intachable, comprenda que medicina y salud pública no son la misma cosa, que tenga capacidades para gerenciar la crisis a la par que va construyendo algo diferente y mejor.

En los próximos años, el objetivo estratégico debería ser recuperar el Ministerio y el sistema público de salud y avanzar hacia una mezcla público-privada en el sector que funcione para el bien común. Queremos, a fin de cuentas, una población más saludable, pero que sepa que si se enferma tiene certeza que atender sus dolencias no le significará la muerte evitable, ni la bancarrota. Tal vez estos criterios ayuden a don Jimmy en su elección. Toca darle prioridad, de verdad, a la salud sobre los financistas y el partido.