Una vez más y en forma cíclica sale a luz la problemática de las aduanas en Guatemala. El fenómeno sigue siendo el mismo. La acción: ¿cómo evadir al fisco para pagar menos aranceles e impuestos? Es idéntica a los anteriores sucesos, desde luego que los actores visibles son otros, probablemente sucesores de los anteriores, cuya sucesión es cuidadosamente planificada. Seguro que a estas alturas del tiempo La Nueva Línea está ya funcionando, pues la cola de contenedores fue ya regularizada. Pero detrás de todo este escándalo están los usuarios de este tipo de servicio ofrecido irregularmente, los que considero son los verdaderos causantes del problema. Si realmente hay voluntad de erradicar el problema de raíz, deben investigarse las empresas que estaban haciendo uso de La Línea; los nombres deben conocerse, hacerlos públicos. Si no, sucederá lo mismo, tal como sucedió con la Red Moreno.

Desde que tengo uso de razón he escuchado que los puestos en aduanas son muy apetecibles por el dinero que allí corre bajo y encima de la mesa, y los empleados públicos siempre han buscado cómo ocupar estos sitios de trabajo. Se sabe que siempre ha sido un sistema corrupto. Pero ahora, este control corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria. Institución que ha estado siempre en el ojo del huracán por los desaciertos que dentro de ella se han dado y por las confabulaciones que ocurren constantemente.

Y es que los impuestos son imprescindibles para los Estados, pero a veces pareciera que el sistema de recaudación en Guatemala está hecho para no comprenderse, y eso genera dudas, controversias y equivocaciones.

La problemática está en boca de toda la ciudadanía, las redes sociales comentan sobre la misma, se generan acomodos dentro de los espacios políticos, se aprovecha la situación para enmendar la plana al presidente en cuanto a su postura acerca de la Cicig, pero no hay propuesta seria, para corregir la situación.

Esta coyuntura debe aprovecharse para plantear una verdadera reingeniería en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), “deshacer lo que hay y hacerlo de nuevo”, simplificar los procedimientos, proponer y aplicar impuestos directos que eviten la discrecionalidad de las autoridades, que provoca todo tipo de desórdenes. El dicho dice, con toda la razón, “En río revuelto, ganancia de pescadores”.

La institución debe tener códigos de ética y códigos deontológicos, con fuertes castigos para los funcionarios que lo transgredan. En esto deberíamos copiar los modelos asiáticos que incluso plantean la pena de muerte para los que se apropian de los recursos estatales, lo que funciona como buen disuasivo en estos países.

Con la tecnología actual pueden establecerse controles que permitan una transparencia en el quehacer de la institución. Deben instalarse y utilizarse cámaras en cada lugar donde esté un funcionario, grabar todas las conversaciones telefónicas, registrar automáticamente el uso de las computadoras, etcétera, y así ganarle la batalla a esa mano invisible que en forma maquiavélica opera en este país.

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