El punto está en la mesa, la evidencia a la vista. Un simple mortal apodado Chico Dólar, desde un remoto municipio como Asunción Mita, con cuarenta y pico mil habitantes, con pocas empresas formales, con un exiguo número de trabajadores con derecho a la seguridad social y con alta deserción escolar y migración, logró manejar a su sabor y antojo más de 600 operaciones bancarias con apariencia formal que, sumadas, son más de 936 millones de quetzales. Llegó a tal extremo el protegido del poder que pudo, sin comprobación, pagar más de 30 millones de dólares a la China para obtener materia prima para droga. Esto desde una oficinita de Western Union.

Ese montón de dinero sin lugar a dudas se multiplicó por cuatro o cinco y está documentado que alguna porción se fue a financiar políticos. Es fácil escuchar por internet el audio donde Édgar Barquín, quien fungía como presidente del Banco de Guatemala y juega ahora de candidato vicepresidencial de Líder, gira instrucciones para mantener impune la lavandería.

Lo afirmado en el caso de Chico Dólar y el informe rendido por Cicig con relación al financiamiento a los partidos debe tatuarnos la espantosa conclusión dicha con acento colombiano: “La corrupción es la unificadora del sistema político guatemalteco”.

El financiamiento electoral producto de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos puede tener muchos nombres, pero en esencia es fraude. El derecho electoral tiene dos grandes funciones, la primera, integrar los órganos de dirección del Estado; la segunda, la más difícil, legitimarlos. Una elección no es elección democrática si no es competitiva. La lógica y el sentido común guían al derecho.

Asunción Mita queda cerca de la frontera con El Salvador y Ocós, aquel municipio que linda con México, también es conocido por los miles de millones de droga incautados y que sin lugar a dudas ha sido fuente de otras cataratas de plata “formalizadas en el sistema bancario”. El país acepta el dinero sucio, pero en política ya la evidencia está en estrados judiciales.

Si las elecciones del 6 de septiembre se llevan a cabo con los actores que juegan a la fecha después de la evidencia contra Líder, la Gana, Patriota y UNE, estamos frente a un fraude, y decir esto ni por asomo es golpe de Estado, sostenerlo es un llamado a la verdadera defensa constitucional. La Ley Electoral permite la cancelación de dichas entidades y pruebas por canasto existen, pero si el TSE espera que les lleguen solitas, seremos nosotros quienes sufriremos autoridades delincuenciales y tendremos como antecedente que el narco puede, con aval oficial, financiar candidatos y partidos.

Muchos con su silencio son cómplices de delincuentes y acá somos los ciudadanos quienes debemos vivir nuestra Constitución, es nuestro derecho y obligación “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”.

Somos más quienes no queremos una república y una democracia solo de fachada.