¡Sálvese quien pueda!
no obstante, no todo lo que se hace de esta forma nos conviene como sociedad.
El nepotismo reinante en la sociedad guatemalteca impera desde las empresas, consorcios y corporaciones de familias tradicionalmente millonarias; en la red de tiendas de inversiones quichelenses en todo el país; en los puestos de ventas de chicles de las esquinas, hasta en las oficinas del Congreso y en un buen número de entidades públicas. ¿Qué padre maestro no anhela que su hijo (a) obtenga la tan ansiada plaza para que trabaje como maestro el resto de su vida?
Los anhelos de esta índole no son negativos en sí mismos, se hacen problema cuando la familia se presta para utilizar los fondos públicos para su propio progreso. Al Estado se le ve como una fuente inagotable de recursos de todos y de nadie, en la que unos viajecitos, viáticos, un buen sueldo y hasta poner un negocito para venderle cosas al Estado se convierten en fuente de acumulación para los osados ciudadanos que se lanzan a hacer política. De esa cuenta los espacios públicos están siendo asaltados por redes familiares que poco a poco han ido penetrando las estructuras del Estado, hasta lograr que los hijos, la esposa o la sobrina ocupen puestos y así participar en la repartición de la cosa pública.
Esto significa una acelerada desprofesionalización de las funciones de Estado. Un buen perfil, experiencia y hasta una intachable carrera profesional no importan cuando se compite con un referido de un funcionario. Los méritos sucumben a las tarjetitas firmadas que se presentan a los encargados de recursos humanos. El resultado está siendo una incapacidad crónica de la burocracia pública para satisfacer y resolver necesidades sociales.
La crisis de confianza imperante en la política y nuestra sociedad está llevando a las familias con capacidad económica a comprar su partido y desde allí postular a sus familiares para copar los mejores cargos políticos. Esto significa la muerte de la democracia representativa, que iguala constitucionalmente a todos los ciudadanos mediante el derecho de elegir y ser electos.