Hay una frase que enuncia una verdad: “nunca la noche es más oscura como cuando ya va a amanecer”, esa esperanza albergamos en Guatemala después de tantas décadas de recibir como herencia el traslado de estructuras que han tenido como propósito saquear el Estado para beneficios de los de turno.

La Cicig y el Ministerio Público han logrado que recuperemos la confianza en que quienes se han enriquecido a la luz del aparato estatal serán castigados. El mecanismo de acumulación estaba intacto porque a las redes que lo han mantenido vigente nadie las había enjuiciado. Antes, aún con los otros comisionados, el combate a la corrupción no fue la prioridad; los imputados tenían confianza en coordinar hasta por teléfono sus negocios ilícitos.

El comisionado Velásquez ha reiterado que no se están persiguiendo nombres, cargos, allegados, o a poderosos, se están investigando delitos que han diezmado las arcas nacionales, cometidos por personas inescrupulosas en complicidad con los corruptores que también deberían ventilarse públicamente, aún cuando tengan el pretexto de que si no hubieran actuado así, no hubieran tenido garantizados sus contratos y que de paso aprovechan para sobrevalorar sus productos. Es obsceno el cobro millonario de comisiones para otorgar esos contratos y es doblemente repudiable porque repercute en personas que sobreviven en condiciones precarias.

No termina de sorprendernos el tamaño de la ambición de los corruptos; el descaro con el que han operado, que hoy queda puesto a la luz del sol, de las riquezas mal habidas que después exhiben sin el menor recato, como ha ocurrido en otros casos, los que lamentablemente, la memoria social olvidó y prácticamente contribuyó a blanquear. La garantía de la impunidad ha sido uno de los factores determinantes que ha cobijado la reproducción de ese sistema. Sabían que podían delinquir pues tenían la certeza de que no pasaba nada.

Ahora el escenario cambió. Ninguno de los que ha participado en negocios ilícitos está libre de ser investigado. Poco a poco los alcanzará el dedo acusador. Se les acabó la fiesta. Van a ir cayendo uno a uno. Tienen razón de mantener ese desasosiego porque las investigaciones están adelantadas y la estrategia está trazada, se persigue por un hecho y de allí se tejerá la telaraña para llegar a los grandes desfalcos o negocios turbios.

Hoy es el ejecutivo y una entidad autónoma, mañana el legislativo y el judicial, y probablemente, la próxima revelación podría ser la contaminación y vinculación del financiamiento de los partidos con el crimen organizado o la narcoactividad.

Optimistas y tranquilos están los funcionarios y empleados públicos honrados y honorables que han debido navegar en esas aguas negras sin mancharse. Reconocemos el principio constitucional de inocencia, el que solo puede ser descartado con la debida comprobación de los hechos delictivos imputados.

El Presidente está ahora en un momento crucial. Desde afuera le llegan las órdenes y decisiones que debe ejecutar. No tiene más alternativa que subordinarse. Tuvo la oportunidad de impulsar algunos cambios, de rectificar el rumbo y no fue firme.

Ahora sigue la demanda por las reformas, hacer las propuestas y exigir las que ya están listas. Se sabe cuáles son las iniciativas estratégicas: la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la del Servicio Civil, reformas al sector justicia, la de contrataciones del Estado y de Desarrollo Rural Integral. A ver si los diputados o alguien más se atreve a oponerse.

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