Durante los últimos días ha tomado importancia todo lo relacionado con Terminal de Contenedores Quetzal, como consecuencia del súbito interés manifestado por el presidente Jimmy Morales. El mandatario insiste en que el Congreso apruebe de manera apresurada esa concesión, cuyas características desde hace tiempo se encuentran envueltas en una nebulosa y afianzan las preocupaciones por la forma como ese asunto fue manejado, de manera oscura, por el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina.

El Parlamento la oportunidad de demostrar su independencia de los intereses representados directa o indirectamente por el Ejecutivo, al actuar en favor de la aprobación de una figura legal que le otorgue viabilidad, ahora inexistente, a la concesión mencionada.

Es indispensable que sobre ese tema se conozcan válidos criterios técnicos, jurídicos y también políticos, no politiqueros. Es un asunto de interés nacional que, claro está, choca con otros distintos y no necesariamente beneficiosos. Las cuantiosas mordidas otorgadas en el pasado a exfuncionarios no significan otra cosa que se trata de un negocio de cantidades enormes durante un tiempo demasiado largo.

Hay asuntos muy obvios que deben ser explicados. El primero de ellos es garantizar que el Estado guatemalteco no vaya a quedar expuesto a reclamo de dinero, no importa la suma, para resarcir gastos efectuados por entidades o personas, públicas o privadas, que hayan hecho inversiones en lugares donde legalmente no correspondía.

Al respecto, hay acciones legales que deben ser dilucidadas antes de darle al Congreso participación en un asunto que puede convertirse en una razón más de desprestigio. En el tema incluso ha participado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en cuya sede Alexánder Aizenstadt, explicó las razones por las cuales a su juicio se debe dar paso a esa negociación. Esa importancia también se demuestra por el interés de la actual procuradora general de la Nación, Anabella Morfín.

Un hecho debe quedar claro: el apresuramiento para la aprobación no se justifica, al ser muy riesgosa por sus consecuencias. Debe haber seguridad de cuáles son las condiciones necesarias para que ese asunto no provoque nuevas dudas acerca de las motivaciones para llevar a cabo algo que en teoría beneficia al país. Por infortunio, son demasiados los casos de decisiones equivocadas o malintencionadas que han echado por la borda buenas e incluso necesarias acciones.

Antes de expresar un veredicto acerca de la concesión, es necesario saber las condiciones, las consecuencias, el costo para los guatemaltecos y, sobre todo, por qué razones se justifica que el Estado incurra en gastos, principalmente en momentos como el actual en que las prioridades urgentes del país deben dar paso a aquellas decisiones importantes. Eso es parte de la realidad actual de Guatemala.

Lejos de apresuramientos y de presiones, el asunto necesita ser despojado de toda nebulosidad. Por ello, Jimmy Morales tiene la obligación de permanecer al margen. Ya su lugar en la historia no parece ser el mejor: sus intervenciones han sido burdas y pronto han quedado descubiertas sus intenciones.