Cuando gobernantes y funcionarios alegremente chapoteaban en el fango creado por las mafias enquistadas en la administración pública y crimen organizado para controlar aduanas, puertos y aeropuerto, el Estado solicitó apoyo a Naciones Unidas para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fue creada el 12 de diciembre del 2006, mediante acuerdo internacional, tras la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y aprobada por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.

La pandilla liderada por el presidente y la vicepresidenta de la República fue dada a conocer por el Ministerio Público y Cicig, el 16 de abril del 2015. Eso provocó el repudio de los guatemaltecos, quienes el sábado 25 de abril tomaron pacíficamente las plazas, precipitando la renuncia de los encartados, ahora sujetos a juicio, junto a colaboradores de toda laya.

Las protestas se prolongaron hasta agosto, previo a las elecciones generales llevadas a cabo el 6 de septiembre, pese a que entre las exigencias de la Plaza estaba aquella de: en Estas Condiciones No Queremos Elecciones, pues era obvio que el simple cambio de autoridades no resolvería el prevaleciente estado de putrefacción política. Los grupos tradicionales de poder, en defensa de sus intereses, impidieron el compás de espera necesario para hacer los indispensables cambios a la Constitución y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para hacer una limpieza estructural atendiendo, entre otros, los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996.

La elección de los más altos cargos del Ejecutivo y Legislativo fue el peor error de la era democrática iniciada en 1985 —aunque la excepción confirma la regla—. Error que reconocen quienes incluso votaron por ellos, ante el reciente intento de los diputados por legislar a favor de la corrupción y la impunidad.

El acuerdo No. 9, sobre reformas constitucionales y régimen electoral, promueve cambios al artículo 157 de la Constitución, con el objeto de que el número de diputados no exceda una cantidad razonable y que estos no puedan ser electos más de dos veces consecutivas. El artículo no fija esa cantidad, aunque se habla de no más de 80. Tampoco menciona el Listado Nacional por medio del que son electas personas según el número de votos obtenidos por los partidos postulantes, mecanismo que deberá suprimirse. Expertos constitucionalistas han abundado en sugerencias de cómo elegirlos, entre estas, definiendo distritos electorales pequeños, sin especificar mayor cosa.

Tomando en cuenta que Guatemala se divide administrativamente en 22 departamentos, una solución será elegir cuatro diputados por cada uno de ellos, lo que nos da 88 diputados, número inamovible y permanente. Con esa reforma al artículo 157 de la Constitución debe incluirse, como requisito sine qua non, calidades mínimas que los candidatos habrán de llenar para poder ser considerados. Entre estas, saber de la historia del país, así como tener conocimientos legales y económicos que les permitan cumplir con la función del Congreso de la República, que es generar legislación para el bien común; y no solo llegar a levantar la mano y enriquecerse.

De no hacer reformas a la Constitución y Ley Electoral de Partidos Políticos, en las elecciones generales de 2019 obtendremos los mismos resultados, cosa que no podemos permitir. Convocar a una asamblea legislativa que defina esos cambios es vital, pues la clase política ya mostró sus cartas. Como ciudadanos debemos decidir si queremos seguir o no en el juego corrupto e impune al que nos tienen acostumbrados.

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