Se entiende por asociaciones público-privadas (APP) aquellos acuerdos entre el sector público y privado en el que parte de los servicios públicos o de infraestructura son suministrados por el sector privado en un claro acuerdo de objetivos compartidos. Estos pueden ser divergentes. A las políticas públicas compete proyectar y suministrar servicios para el bienestar de los ciudadanos, en tanto a los empresarios importan las utilidades. Las APP son la herramienta que facilita la privatización de los servicios públicos, trocando el bien común por los intereses de rentabilidad empresarial.

Sin embargo hay ejemplos exitosos. Puerto Madero, en Buenos Aires, fue abandonado y el barrio se degradó. En 1989 los gobiernos Central y de la Ciudad crearon la Sociedad Anónima Corporación Antiguo Puerto Madero para recuperarlo. En 1991 la Municipalidad convocó un concurso nacional de ideas para el plan de reciclaje, del que surgió el Plan Maestro para el nuevo barrio. Su realización requirió de parte del Estado la inversión de cerca de mil millones de dólares. El proyecto contempló la restauración de la infraestructura histórica y abrir nuevas calles que incluyó el puente peatonal, Puente Mujeres; se crearon parques, plazas y se colocaron monumentos conmemorativos.

Para el proyecto Madrid-Río (2006-11), la Coordinación General de Proyectos Singulares del Ayuntamiento de Madrid tuvo a su cargo su planificación y desarrollo. Se creó el Eje Medio Ambiental del río Manzanares que convirtió en un parque longitudinal 1.170,000 m2 que va del Monte de El Prado hasta el límite con Getafe, desarrollando y urbanizando el espacio público existente en las riberas del río. Los ciudadanos ganaron ese nuevo espacio público que integró otros ejes lúdicos y culturales de la ciudad. Se transformó el río Manzanares de barrera urbana a ámbito de encuentro ciudadano y conexión con otros barrios.

En Guatemala, las cosas no son así. Quienes nos han gobernado se empeñaron en hacer parecer torpe al Estado, generando la idea que el empresariado es el único capaz de realizar desde la más simple a la más compleja acción, desmantelando las estructuras públicas forjadas a lo largo de la vida republicana. En 2010 el Estado oficializó su incapacidad y delegó la obra pública en empresas privadas mediante un decreto del Congreso que creó la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas como una institución estatal descentralizada.

Hasta ahora solo fantaseó con proyectos propios que no responden a necesidades planteadas ni planificadas desde la Autoridad para beneficio colectivo, sino a satisfacer intereses empresariales: Centro Administrativo del Estado (CAE) en los patios de Fegua, atentando en contra de todo. Construir dos túneles (entrada y salida) por debajo de Antigua Guatemala, ¡a 70 metros de profundidad para evitar tocar vestigios precolombinos!, desde el ingreso hasta el actual mercado donde habría un gran estacionamiento; y más recientemente, un Centro de Convenciones y hotel en el Parque de la Industria. Uno más absurdo que el otro.

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