Guatemala enfrenta una coyuntura electoral difícil, atípica e inédita, con desaceleración económica e incremento de conflictividad social. La convocatoria a elecciones será tardía y la campaña política corta, con partidos casi todos nuevos y sin dinero, poca penetración y conocimiento nacional; con limitaciones irracionales al debate y libertad de prensa, además de la omnipresencia de poderosos grupos de interés legales e ilegales.

Este escenario no genera un acuerdo básico de Unidad Nacional. Las posibilidades serían cuando mucho, repetir algo muy parecido al presente gobierno. Lejos de construir una unidad nacional ante la crisis, los diversos factores dinámicos históricos y sociales, son proclives a la confrontación, inclusive en circunstancias similares a las de los principios de los ochentas en la región centroamericana.

Un acuerdo básico es necesario. Es fácil lograrlo en temas económicos puntuales, sencillos, técnicos y necesarios, para todos, donde se puede lograr consensos. La piedra angular, independiente de ideologías, opiniones, intereses y pasiones, es que la inversión privada y/o pública, nacional y/o extranjera, es el factor dinámico más importante del crecimiento económico; es el principal generador del empleo (considerado por muchos como la mejor política social); es responsable del incremento de los ingresos del Gobierno por medio de impuestos y en general, la clave de la prosperidad. La incertidumbre provocada por el vórtice de problemas coyunturales, distraen la atención de los líderes nacionales, que olvidan o menosprecian esto. Se concentran en conseguir votos…

A principios de los noventas, a iniciativa del INCAE se lograron acuerdos básicos nacionales y centroamericanos, que centraron los objetivos nacionales en políticas económicas de post-conflicto y reiniciaron el crecimiento económico regional. La presente proposición es similar. A iniciativa de grupos académicos o con poder de convocatoria, debería realizarse una reunión, convocando primero a los secretarios de los partidos políticos y los candidatos presidenciales, para luego convocar a los diferentes actores nacionales y grupos de presión, académicos, económicos y sociales, a efecto de lograr un acuerdo básico de Unidad Nacional en temas estrictamente económicos y de inversión.

La ruta crítica consiste en: 1. Promover todas las acciones que favorezcan la inversión. 2. Eliminar todos los obstáculos que la impidan. 3. Lograr el acuerdo básico nacional sobre las mismas. 4. Detectar los sectores económicos dinámicos que produzcan el mayor impacto económico, la máxima rentabilidad y el menor riesgo, desarrollando planes concretos de acción. No parece muy complicado.

Las acciones que más favorecen la inversión han sido ampliamente discutidas y difundidas con anterioridad: Seguridad Jurídica y social; promoción y respeto a la propiedad privada y cumplimiento de los contratos. Las tres están claramente normadas en la Constitución, consensuada en su oportunidad por todos los actores nacionales relevantes. El otro factor, cimentado históricamente por la ejecución reiterada de diferentes modelos económicos mundiales, en múltiples aplicaciones de prueba y error, que justifican casi un axioma, es que, la economía de mercado conjugada con la libertad individual es el modelo responsable de la prosperidad; son principios también establecidos y favorecidos en nuestra Constitución. Por eso, es que el mejor pacto de unidad nacional es que todos respetemos la actual Constitución de la Nación y ejecutemos su texto, para el efecto de promover la inversión.

Entre los obstáculos contra la inversión, se encuentra la inestabilidad política, endémica en nuestra historia. Para erradicarla esta proposición, adecuadamente respaldada por el acuerdo de unidad nacional básica y su estructura organizacional es parte de la solución. Los otros grandes problemas son la corrupción y la burocracia inoperante, sobre la cual una audaz reingeniería y el gobierno electrónico podrían ser la solución, asignando responsabilidades específicas y tiempos definidos a los responsables para la consecución de objetivos. Sobre la corrupción, el incremento de sanciones draconianas, al estilo Singapur deberían ser aplicadas.

Entre los sectores más dinámicos de la economía, aun no desarrollados en su potencial, se encuentran los siguientes: 1. Desarrollo de la industria forestal. 2. Turismo. Por la extraordinaria belleza de nuestro variado paisaje y porque recientemente se han realizado descubrimientos fantásticos de arqueología. 3. La energía renovable y no renovable. Guatemala puede constituirse fácilmente en un centro de generación de energía regional que abarque inclusive la región y el sur de México. La potencia de los ríos, la geotermia, las reservas de gas y petróleo actualmente existentes son de importancia mundial.

4. La minería. Existen depósitos minerales de categoría mundial aun no explotados, y es importante consensuar la forma de explorar y explotarlos. 5. Agroindustria. Implicando el desarrollo de actividades que no se circunscriban a la producción de materia prima, sino a su inmediata industrialización. 6. El desarrollo del Mercado Común Centroamericano, incrementando el libre comercio, aboliendo las aduanas y los impuestos asociados entre los países del Istmo. Y 7. El desarrollo de la infraestructura nacional, implicándose ahí obras de gran envergadura que nos conviertan en destino logístico y abaraten las exportaciones e importaciones nacionales. Menciono la red vial; el ferrocarril; la ampliación de puertos marítimos; aeropuertos y aeródromos; tuberías de petróleo y gas; la introducción del internet y telefonía celular a todo el país, etc.

Expertos podrían definir con los recursos con los que contamos y con alianzas público privadas, las obras más importantes e ingentes. El criterio aplicable para estas inversiones, estaría condicionado a la generación de integraciones verticales y horizontales que incrementen nuestra competitividad y generen alto valor agregado.

Curiosamente, los astros parecen estar alineados internacionalmente para una proposición de esta naturaleza; liderado por nuestros vecinos del Norte, se pretende poner en práctica un plan Marshall de inversión para la región, que de ser bien conceptualizado y desarrollado, potenciaría una estrategia nacional de crecimiento económico como el propuesto. Los políticos aun tendrían suficiente material para diferenciarse los unos de los otros y sus propuestas en los temas de educación, protección del medio ambiente, seguridad y justicia, relaciones internacionales etcétera, y a su vez, estar constreñidos por el consenso nacional de obras pragmáticas a realizar.

Espero que esta proposición sea del agrado de los dirigentes y estimule el debate y la acción.

* Abogado, graduado por la Universidad Rafael Landívar.
Consultor de AID, Cacif, comisión de las pláticas de paz en El Escorial.
Especializado en ley de bancos comparativa y de integración, en Estrasburgo, Francia