LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, con capacidad de opinar, aplaude el destape del siglo, consistente en el descubrimiento, por medios legales, de que la República de Guatemala ha estado durante mucho tiempo gobernada —salvo pocas excepciones— por políticos de partido o sin partido que, al final de cuentas, terminan o deberían terminar sometidos a procesos penales como, en efecto, está sucediendo estos días.

Las prisiones están a reventar con exfuncionarios, diputados, jueces, magistrados y alcaldes acusados oficialmente de haber incurrido en hechos graves, tipificados en la legislación penal, según las investigaciones desarrolladas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.

La revelación de un masivo comportamiento impropio de esas personas causa estupor en la opinión pública nacional, porque pone de manifiesto que el Estado guatemalteco ha estado cautivo en manos del crimen organizado.

Los descubrimientos de redes delictivas en las que participan funcionarios de alto rango, no cesan. Casi todas las mañanas, cuando el país despierta se encuentra con noticias frescas en torno a la captura de personas inmersas en actos de corrupción. Y al problema principal de las violaciones a la ley penal se suma la dificultad de iniciar procesos directos contra quienes están en el ejercicio de cargos públicos, porque disfrutan de una garantía procesal contemplada en la Constitución Política de la República: el antejuicio, consistente en un procedimiento previo a la incoación de toda causa que tenga por objeto exigir responsabilidad criminal a determinados funcionarios del Ejecutivo, diputados, jueces, magistrados, alcaldes, y otros más, por actos violatorios de la ley penal.

Se trata de un privilegio constitucional violatorio del principio de igualdad ante la ley, porque si un particular hurta o roba diez quetzales es capturado por orden de juez competente, o sin esa orden si es sorprendido en el momento de cometer el delito, en tanto que si un ministro de Estado se “roba” cien millones de quetzales no puede ser aprehendido sin que previamente se desarrolle un proceso, a veces lento, para que la autoridad competente decida si ha lugar a formación de causa contra el funcionario corrupto.

El antejuicio —dice la ley de la materia— es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no podrá invocarlo en su favor aun cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. Su finalidad es preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública.

Se entiende, entonces, que eso vale para que no sean molestados, injustificadamente, los dignatarios y funcionarios que se comportan honorablemente, que no se apartan ni un ápice del cumplimiento de la ley y que son moralmente ejemplares. Pero, la historia de los antejuicios en Guatemala revela que en muchos casos ese privilegio ha sido usado como tapadera para proteger actos de corrupción que perjudican los intereses de la población y, ante tales circunstancias se justifica plenamente el clamor por la supresión total del antejuicio. El funcionario que en beneficio personal se apropia de cien millones de quetzales provenientes del erario nacional merece ir a juicio en forma directa, como sucede con el ciudadano común que roba diez quetzales en una tienda.

El diputado, el presidente, el vicepresidente, el ministro, el juez y el magistrado que obra correctamente no tendrá problema en demostrar su honradez en los tribunales de justicia. Y la denuncia falsa sin duda acarreará consecuencias para el denunciante mal intencionado, con lo que el deseo nacional por una justicia pronta y cumplida estará mejor servido.

Digo esto, a sabiendas de que la eliminación total del antejuicio es solo un sueño, a menos de que el despertar iniciado en abril del año pasado, se fortalezca y conmueva hasta sus cimientos el actual sistema político y administrativo de Guatemala.