Desde la reinstauración de la democracia electoral en 1986, Guatemala ha tenido diez gobiernos, dos de ellos de transición, y de todos solo cuatro están todavía exentos de señalamientos directos por actos de corrupción, aunque no de sospechas, como las que pesan sobre las otras seis figuras presidenciales, en lo que constituye todo un vergonzoso registro.

La captura, ayer, del expresidente Álvaro Colom y la mayoría de integrantes de su gabinete (2008-2012) es un nuevo y vergonzoso caso que evidencia que la corrupción opera bajo banderías políticas diversas y que tampoco la justicia es selectiva en la persecución criminal, esto en lo relativo a quienes pretenden hacer creer que la cacería de corruptos está dirigida a un sector específico.

Además de no ser así, con este nuevo caso se evidencia que la corruptela es una práctica demasiado enraizada en la cultura y la historia guatemaltecas, pero también que tampoco es solo de políticos, pues estos a su vez han necesitado de la complicidad de ciertas personas inescrupulosas que se han prestado a desarrollar negocios turbios con el aval y participación de las más altas autoridades de Gobierno.

Sin duda, lo que más sacude a la opinión pública es empezar un nuevo día con la captura de otro expresidente, el sexto de esta nueva era democrática, sindicado de haber manipulado procesos y a funcionarios con el único objetivo de beneficiar a colaboradores cercanos y a ciertos empresarios del transporte operando a la sombra del poder.

Doblemente penoso es que en este caso también resulten involucrados una cantidad tan grande de exfuncionarios, porque esto denota contubernio entre algunos de ellos, irresponsabilidad en otros y hasta ingenuidad de unos cuantos que simplemente avalaron, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, la puesta en marcha de operaciones irregulares, escudándose en que ignoraban los posibles ilícitos, lo cual ante la ley no es atenuante.

Otra faceta que aflora es la importancia de que las instituciones funcionen de manera independiente, porque sobre el caso Transurbano corrió durante mucho tiempo información y comentarios de lo nefasto que había sido ese negocio, que no solo se concentró en el mal manejo del subsidio o la importación amañada de unidades del transporte público, pues aún pueden verse las paradas metálicas construidas para ese servicio, en un caso que también expele un fuerte olor a estafa.

Es también de enorme importancia ponerle atención a que en torno a las estructuras delictivas y criminales siguen surgiendo nombres ya muy conocidos y especializados en financiar proyectos políticos, en los que los sucesivos presidentes simplemente se han convertido en instrumentos de elaboradas plataformas electoreras, cuyo único objetivo ha sido el impulso de millonarios negocios ilícitos con bienes, servicios, adquisiciones del Estado y para la cooptación de cargos importantes.

La corrupción en Guatemala ha quedado suficientemente expuesta como para no ponerle coto a un modelo insostenible, el cual solo ha servido para mantener a una clase política sin escrúpulos que cree que la representación del pueblo es su feudo y prerrogativa, en lugar de ser su misión, obligación y guía.