Paradójicamente la ampliación de la crisis político-institucional (contenciones planeadas por las élites para oxigenar el sistema) ha inoculado en el imaginario de los ciudadanos una maraña de incertidumbres, sensaciones de impotencia, conformismo, desesperación e incredibilidad.

Por un lado, aunque se destaparon casos como La Línea e IGSS-Pisa, la crisis en esencia sigue siendo gubernamental, donde se ha logrado la renuncia de Baldetti, pronto de Pérez Molina, de Blanca Stalling (en salmuera la depuración de diputados indeseables), pero donde la principal demanda se ha estancado en la reforma político-electoral (Ejecutivo, Cacif, clase política y los yanquis maquillando una ley solo con dos premolares), una trampa institucional ya negociada entre los patrones para desarticular a la “oclocracia bochinchera” mientras el clima electoral nos rutiniza la conciencia, y de paso se congela la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, pues el hamaqueo tan solo hará que los operadores del sistema finca sofistiquen su estrategia patrimonialista.

Empero, no debemos morder el señuelo de reformismo institucional impulsado por los grupos de poder (la Plataforma de la Usac y el Frente contra la Corrupción legitimando el reacomodo de los capataces), pues la reforma a la LEPP es apenas la punta del iceberg para la transformación del sistema político y del Estado, donde tienen una corresponsabilidad directa los empresarios corruptos.

En este sentido, es importante reconocer que los partidos políticos y sus arlequines son a su vez causa y efecto de la crisis, no son la solución, no son actores de cambio legítimos, no son sujetos idóneos para tumbar el sistema, ni mucho menos protagonistas de la democracia y del desarrollo en la historia reciente.

Por ello, las demandas ciudadanas deben tomar un giro agresivo y exigir transformaciones profundas en el inframundo económico-productivo, pues son estas élites empresariales las que se benefician del contrabando y la defraudación aduanera (Cicig apañando a los empresarios transeros), corrompen funcionarios de alto nivel, mantienen el monopolio de la dominación que les confiere inmunidad e impunidad, criminalizan o descalifican la protesta social a través de los medios de comunicación, son los principales financistas de la fauna politiquera, son los que mangonean a los presidentes y cuando no son funcionales los desechan (aló, OPM), donde debemos exigir cambios en la estructura económica, al modelo de desarrollo, reflexionando sobre: ¿Cómo se produce y redistribuye la riqueza? ¿Cómo desconcentramos la renta? ¿Cómo construimos un real libre mercado, sin privilegios, sin ventajas comparativas y con ética sectorial? ¿Cómo demarcamos reglas de juego más equitativas, democráticas y complementarias entre Estado y mercado?

Finalmente, no debemos ser cándidos, los golpes asestados al Gobierno han venido de las propias mafias dentro del Partido Patriota y de los excesos de un Ejecutivo sin timonel, del Cacif, de la Embajada de los Estados Unidos y de la Cicig, no de la plazocracia que ha perdido fuerza, convicción, direccionalidad y olfato político.

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