Una Constitución existe para garantizar los derechos humanos y para ello limita el poder de la autoridad. No más.

Es deber del Estado de Guatemala proteger a la persona y la familia, garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todos nosotros.

En América Latina tenemos lindas constituciones, verdaderas obras de arte en cuanto al reconocimiento de derechos y se dibujan bellas herramientas institucionales de gobierno. Pero en la práctica, existe una brecha enorme entre lo dispuesto por la norma y la acción de los gobernantes.

Nuestros hermanos mexicanos, por ejemplo, poseen excelentes normas electorales y constitucionales, pero hoy ven cómo su institucionalidad sirve a la represión y a la violencia con total impunidad.

Guatemala por su parte protagoniza el escándalo más grande de esta administración y es público que desde la Secretaría Privada de la Vicepresidencia de la República se comandaba una estructura criminal de saqueo aduanero.

Nada ha sido negado y el funcionario más allegado a la vicepresidenta está prófugo con complicidad gubernamental. Abandonó el país en misión oficial para conseguir becas para connacionales, y ya no regresó.

Las formas como se han abordado las crisis de ayer provocaron el cáncer de hoy. En estos momentos es preciso deslindar, siendo las fronteras muy finas, las complejidades políticas de las jurídicas.

En cuanto al tema político, el Gobierno, con la vicepresidenta en el ejercicio del cargo, pierde legitimidad a velocidad impresionante. Si se quiere en año electoral garantizar la terminación del mandato en paz, es poco probable hacerlo sin sacrificios evidentes. Hasta el partido oficial se quedó sin candidato.

En cuanto al tema jurídico, sin lugar a dudas la investigación debe continuar. En las comunicaciones se pudo establecer que el Ministerio Público aún debe señalar quién es R, quién es la Dos y quién es la Señora. Una línea de investigación es la actual vicepresidenta; si se desvirtúa, pues ideal, pero es una clara orientación para los esfuerzos de los fiscales. No hay ninguna garantía para la investigación si la funcionaria ostenta el cargo.

El precedente es importante y la carga que provoca la figura de la vicepresidenta es muy grande para el Gobierno. Ahora bien, suponiendo que ella renunciara, ¿es eso suficiente?

A nuestro juicio no, y por ello es que el cáncer complica a todos los órganos de un cuerpo. Debemos responder también ¿quién de los actuales candidatos garantiza que esto no suceda?

La UNE y Líder, así como el Patriota, han edificado un “gremio”. Se defienden entre ellos, y al tocar a uno salen todos a proteger. No perdamos de vista que la crisis no se resuelve con un sacrificio, porque hay varios personajes haciendo cola para ocupar los puestos que dentro de esa estructura criminal quedaron vacantes.