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Narcos en Guatemala habrían colaborado para capturar a Juan Orlando Hernández, hallado culpable en EE UU

Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, donde aparece el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (c), mientras habla con sus abogados defensores, Raymond colon (i) y Renato stabile (d), durante el juicio en un tribunal federal en Nueva York (EE. UU). EFE/Jane Rosenberg

Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, donde aparece el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (c), mientras habla con sus abogados defensores, Raymond colon (i) y Renato stabile (d), durante el juicio en un tribunal federal en Nueva York (EE. UU). EFE/Jane Rosenberg

El cartel de Sinaloa y sus socios en Honduras usaron el territorio guatemalteco para transportar cocaína hacia México. Uno de esos socios era el exmandatario Juan Orlando Hernández, que contaba con cómplices clave en Chiquimula y Zacapa.

Los nubarrones que anunciaban una inminente captura y extradición comenzaron a posarse sobre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), mucho antes de que Estados Unidos informara al gobierno hondureño que quería juzgarlo por narcotráfico. Hernández, más conocido por sus iniciales como JOH, fue aprehendido y extraditado en el 2022, a pocos días de entregar el cargo, y el 8 de marzo un jurado en Nueva York lo declaró culpable de enviar cocaína a ese país.

El 10 de septiembre del 2015, un año después de que Hernández llegó al Ejecutivo, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Fernando Josué Chang Monroy en la zona 16 capitalina. Se desplazaba por Cayalá, en un picop de doble cabina, que acabó siendo registrado en plena vía pública, y todo cuando llevaba adentro apareció exhibido sobre la cinta asfáltica. Cada objeto identificado con un número de evidencia de plástico amarillo.

Las autoridades informaron que Estados Unidos pedía su extradición por estar imputado en ese país de conspirar para la distribución de cocaína. Chang Monroy parecía ser solo uno más de los desconocidos narcos extraditables capturados en el país, que las autoridades estadounidenses reclaman, pero que el Ministerio Público (MP) y la PNC no investigan por cuenta propia.

En ese entonces nadie se enteró de que Chang Monroy no solo movió al menos 15 toneladas de cocaína entre Guatemala y México, en cargamentos de 600 a 700 kg, que vendió al cartel de Sinaloa, sino que también movió 40 fusiles estadounidenses M-16 y municiones en el 2012. Menos se iba a saber que el diputado Antonio Tony Hernández, hermano de JOH, le vendió la droga y las armas que tenían grabada la identificación “Ejército de Honduras”. Por eso, el de Chang Monroy fue uno de los testimonios que llevó a la detención del legislador en el 2018 y a su condena en 2021, así como a la captura en el 2022 y condena este mes del expresidente.

Otra captura

La noche del sábado 4 de marzo del 2017 la PNC también detuvo al hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, en la zona 10 capitalina en Guatemala, a pedido de EE. UU. También conducía un picop. Estaba imputado de conspirar para enviar cocaína a territorio estadounidense desde el 31 de octubre de 2015, dos meses después del arresto de Chang Monroy. El diario hondureño El Heraldo publicó que Díaz Morales era el contador de otro narco hondureño detenido, Héctor Emiliano Fernández Rosa, alias don H, pero en realidad era una figura mucho más clave. El Rojo manejaba directamente los intereses de don H, según el libro Tierra de narcos (Grijalbo, 2022), acerca del narcotráfico en Honduras, del periodista Óscar Estrada.

El libro revela que el narcotraficante guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, capturado en Honduras en el 2011 y extraditado a EE. UU., fue jefe de don H. Por lo tanto, en algún momento, el Rojo debió trabajar para Ponce. Díaz Morales, que se movilizaba entre Guatemala y Honduras, se estableció de forma temporal en Colombia ese mismo año, después de que su relación con don H se agriara, y ambos trataran de eliminarse entre sí. En una de las refriegas, según un documento en un proceso de apelación —de Tony Hernández—, el Rojo mató a la hija de 3 años de un socio de don H, y también dio a conocer cómo le disparó en el rostro a su propia esposa.

Cuando Díaz Morales fue detenido en la capital guatemalteca, tenía su base de operaciones en Esquipulas, Chiquimula, un punto clave para la recepción de cocaína desde Honduras. Ese año, 2017, un funcionario de la Fiscalía de Narcoactividad dijo que ese departamento era el principal puerto de entrada terrestre de cocaína al país, aunque un año antes había sido uno de los que registraron las incautaciones más bajas —menos de 1 kg—. La fuente lo atribuía a la corrupción, que podía ser una de las razones por las cuales el Rojo operaba en Chiquimula. Un reporte de InSight Crime indicaba, además, que este individuo había heredado algunas de las rutas de trasiego de los hermanos Valle Valle de Honduras, aprehendidos en el 2014 en ese país.

El documento 106, del caso de apelación 21-885, revela que a Díaz Morales “describió una reunión —que debió ser antes de 2014— a la que asistió el señor —Tony— Hernández, e identificó a individuos en una fotografía tomada en la reunión, incluidos Arnulfo y Luis Valle Valle, hermanos que lideraban el cartel de los Valle Valle, y a un traficante guatemalteco llamado José Manuel, alias Che, cuyo proveedor era el grupo de los Valle Valle”.

Una vez que el Rojo fue extraditado a EE. UU., en abril del 2018, y con Chang Monroy extraditado y cooperando con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desde el 2016 —entre otros testigos—, el brazo de los fiscales se comenzó a acercar a Tony Hernández. Lo alcanzó siete meses después en la puerta de abordaje de un vuelo que lo iba a trasladar de Miami a Honduras. La información que los fiscales tenían les permitió comenzar a cerrar el paso a JOH, aunque tendrían que esperar cuatro años más para ponerle las manos encima.

En la acusación que comenzó a preparar contra el presidente hondureño, la fiscalía registró que en el 2005, cuando JOH todavía era diputado, aceptó alrededor de US$40 mil —dinero del narcotráfico— de Díaz Morales. El intermediario que le entregó el dinero fue su hermano, Tony Hernández. “A cambio, la organización de Díaz recibió información y protección de las autoridades hondureñas, lo que les permitió a Díaz y Hernández —Tony— transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos vía Honduras y Guatemala”, expone la acusación, documento 423 del expediente 15-CR-00379.

Otros obsequios de el Rojo a Tony Hernández podrían ser una indicación de cuánta cocaína logró traficar vía Honduras gracias a los buenos oficios del diputado. En 2007 y 2008, por ejemplo, le regaló dos relojes Rolex, uno para él y otro para su esposa, Vanessa. “También le di un toro, un caballo peruano y dos pistolas”, agregó en una audiencia 10 años después. El fiscal Damian Williams consignó que en torno al 2009 JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en el presidente del Congreso Nacional de Honduras.

“En esa época, Díaz le entregó unos US$100 mil producto de ganancias del narcotráfico a —Tony— Hernández para pagarle a diversos funcionarios públicos, entre ellos a su hermano —JOH—”, se lee en la acusación. Cuando JOH llegó al cargo, la recompensa fue colar “oficiales afines a sus actividades de narcotráfico en puestos altos” para tener acceso a más información y poder traficar con mayor seguridad.

La fiscalía afirmaba que como resultado de los sobornos pagados a JOH el Rojo recibió información sensible acerca de las operaciones policiales y militares en Honduras, lo que le permitió traficar con mayor protección hasta el 2016. Por ejemplo, Díaz recibió información acerca de las operaciones de la Marina, del entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea de Honduras para hacer operativos aéreos nocturnos, y de los alcances de los radares castrenses en el país. Así conseguía que los cargamentos no fueran detectados. Por cada información de los radares, el Rojo le pagaba hasta US$50 mil a Tony Hernández. La fiscalía estimaba que en los 10 años anteriores, ambos traficaron unas 140 toneladas de cocaína.

Alrededor de 2009, Tony Hernández y Porfirio Lobo Sosa —también conocido como Pepe Lobo—, que había iniciado su campaña presidencial, se asociaron para conseguir US$2 millones de dinero del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande y AA, entonces alcalde de El Paraíso, un municipio de Copán, Honduras. Al parecer, aquel pago le garantizaba protección a Ardón ante una posible captura y extradición a EE. UU. Ese año, Pepe Lobo ganó las elecciones y en el 2010 JOH resultó electo presidente del Congreso. La protección a Ardón Soriano funcionó durante algunos años.

Tony Hernández y Chande traficaron al menos 30 toneladas de la droga en barcos, aviones y helicópteros —incluido uno registrado en EE. UU.— hacia Guatemala o México, donde el hermano de JOH tenía contacto directo con Joaquín el Chapo Guzmán, entonces jefe del cartel de Sinaloa. El Rojo afirmó años después que Ardón Soriano controlaba el paso de su municipio hacia Chiquimula, Guatemala, para el trasiego.

En el 2009 pagó US$100 mil a la campaña del Partido Nacional de Pepe Lobo para la presidencia y de JOH para liderar el Congreso. Además, era tan cercano a Tony Hernández que uno asistía a la fiesta de cumpleaños del otro, ocasión que aprovechaban para acordar cuánta plata debía correr para proteger el trasiego. Mientras todo esto sucedía, Luis Antonio Santos Tobar, alias Tonito Santos, un cómplice de Tony Hernández, lo presentó con Chang Monroy, según el documento 554 del expediente. En la primera reunión acordaron hacer envíos masivos de cocaína —suministrada desde Colombia— y armas de fuego.

En esa época, el diputado Hernández le dijo a Chang Monroy que tenía unas dos toneladas de cocaína en Honduras, y acceso a un laboratorio de la droga en Colombia. Además, le ofreció armas de fuego, como lanzagranadas, ametralladoras y pistolas FN Herstal .57, a las que se refería como “mata policías”. Chang Monroy también escuchó a Tonito Santos decir que la cocaína que traficaban la suministraba Tony Hernández y su socio Rodolfo Alfredo Vergara Bonifante, alias el Cinco, un narcotraficante colombiano.

Por admisión de Díaz Morales, él y Chang Monroy ya se conocían desde al menos el 2008, cuando este proveía transporte aéreo para la cocaína. “Fernando Chang es un traficante guatemalteco que trabajaba comprando aviones en EE. UU. y los trasladaba a Guatemala para hacerles modificaciones al tanque de combustible, y así pudieran cargar más gasolina y hacer vuelos más largos”, indicó Díaz Morales en un interrogatorio en el 2019, en el que también admitió haberle vendido al menos 700 kg de cocaína a Chang Monroy. Dos de los aviones que compró eran un Beechcraft King Air C90 y un King Air E90. Luego los revendía a narcotraficantes en Honduras y Colombia.

Los testimonios de el Rojo y de Chang Monroy, entre otros testigos, permitieron a la fiscalía comprobar que “Juan Orlando solicitó y aceptó millones de dólares en sobornos de otros miembros de la conspiración —de la que fue acusado—, incluido el Chapo Guzmán, para financiar sus campañas políticas y facilitar el envío de enormes cantidades de cocaína a EE. UU.”. En esta conspiración, sostenía la fiscalía, “la corrupción y la violencia iban de la mano para apoyar a los traficantes favoritos, como Tony Hernández y Díaz Morales”.

En el 2013, según Ardón Soriano —el alcalde de El Paraíso—, en una reunión el Chapo le entregó US$1 millón a Tony Hernández para la campaña presidencial de su hermano, a cambio de traficar “sin problemas” en Honduras. Ese año, el Rojo traficaba bajo la protección de los hermanos Hernández. En el 2014 y 2015 coordinó el envío de cargamentos transportados por avión hasta pistas clandestinas en Honduras, y después llevados por tierra hacia la frontera con Guatemala. Hombres armados con fusiles M-16 custodiaban la cocaína. Díaz Morales también sobornó a la Policía hondureña para proteger los cargamentos.

El vínculo con contactos en Guatemala quedó confirmado en un intercambio del 2016 de textos por chat entre un sujeto en Honduras y otro en Guatemala que las autoridades interceptaron.

Un año después, Díaz Morales fue capturado en Guatemala y extraditado a EE. UU. a mediados del 2018, pocos meses después de que Ardón Soriano se entregara a autoridades estadounidenses, y meses antes de que Tony Hernández fuese arrestado en Miami. Un celular que le incautaron a este último proveyó parte de la evidencia que el hermano del mandatario se negó a revelar. Después, testimonios como los Díaz Morales Rojo y Chang Monroy, entre otros, le valieron para ser condenado a cadena perpetua. El celular también incluía evidencia que iba a ayudar a hundir al exmandatario: la fotografía de una ametralladora CZ Scorpion Evo, con la inscripción “Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras”.

Otras condenas

El guatemalteco Fernando Chang Monroy y el hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, los acusados convertidos en testigos cooperantes en el juicio contra el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, evadieron la cadena perpetua al declararse culpables. No fueron a juicio y colaboraron con la fiscalía al testificar en el juicio contra el exdiputado Tony Hernández en 2019 y su hermano JOH en febrero pasado. Según registros del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Chang Monroy salió en libertad el 22 de noviembre del 2022, después de siete años preso.

Fue condenado por narcotráfico, pese a que admitió en el juicio de Tony Hernández, en el 2019, que asesinó a 15 personas. No se divulgaron más detalles. Aunque tenía estos antecedentes, Chang Monroy dijo que le temía al exdiputado, a quien negó haber conocido después que lo aprehendieron en Guatemala en el 2015, según lo reportó la agencia de noticias AP. El guatemalteco dijo, a manera de explicación, que “la mayoría de los narcotraficantes son como él —Tony Hernández—, pero ninguno tiene un hermano que es presidente del país; ninguno de ellos tiene control sobre la Policía o del Ejército”.

Díaz Morales fue condenado en el 2018 a 20 años de prisión, según La Tribuna, de Honduras, pero no aparece ningún registro con su nombre en el BOP. El Rojo fue procesado por cargos relacionados con el narcotráfico, aunque también reconoció en el 2022 que asesinó a 18 personas. Tony Hernández, quien se declaró “no culpable” y fue a juicio, fue condenado a cadena perpetua en el 2021 y a pagar US$138.5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína. Ahora JOH enfrenta, como mínimo, una pena de 40 años y, como máximo, cadena perpetua. El juez Kevin Castel fijó la audiencia para dictar sentencia para el 26 de junio a las 11 horas.

Les preceden en casos similares otros narcotraficantes que no cooperaron con la fiscalía y fueron a juicio en EE. UU.: los guatemaltecos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón, o el Chapo Guzmán, también condenados a cadena perpetua en el 2018 y 2019, respectivamente. Una excepción es el guatemalteco Jorge Mario Paredes Córdova, quien fue a juicio en el 2009 y se le impuso una condena de 31 años de cárcel, que fueron rebajados a 20 por modificaciones en la ley de sentencias.

El 5 de marzo se solicitó al Ministerio de Gobernación entrevistar a autoridades antinarcóticas de la PNC, acerca de los contactos de Díaz Morales y Chang Monroy en Guatemala pero al cierre de esta nota no habían hecho la gestión.

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